ADN Digital
Desde el momento en el que se planteó, hace ya varios años, transparentar los aportes de los donantes a las campañas proselitistas se supo que la cosa no sería fácil porque la mafia del narcotráfico es tan hábil, que no apoya a un solo candidato sino que reparte sus dádivas entre todos, o casi todos, a fin de garantizar que, gane quien gane, podrá tener incidencia en las cuestiones de estado, ya sea en los gobiernos locales como en las cámaras del Congreso.
Por eso, salvo algunas escasas y honrosas excepciones, era sabido que la gran mayoría de partidos y movimientos que compiten en contiendas electorales se mostrarían reacios a que se conozca el nombre de quienes aportan a sus campañas y, para colmo, demuestren el origen de su dinero.
Todos sabemos que el anonimato y el secreto son las armas fundamentales con las cuales se protegen estos mafiosos, que así consiguen pasar desapercibidos y lejos de los medios de comunicación, que son los que pudieran desenmascararlos y exponerlos ante la opinión pública.
Aun así, hubo algunos patriotas que pretendieron cambiar la historia y exponer a la luz del día a quienes ponen dinero para la consolidación de determinadas candidaturas. Y allí está, en el Congreso, el proyecto que este pequeño grupo armó y presentó, con la intención de que, alguna vez, hubiera un Poder Legislativo lo suficientemente transparente y frontal como para asestar uno de los peores golpes que puede recibir la narcopolítica, la obligatoriedad a transparentar los aportes.
Hasta ahora, ha ocurrido exactamente lo contrario. No solo sigue sin poder evitarse el aporte de la mafia a las campañas electorales, sino que los delincuentes ya no se limitan a buscar cómplices entre los candidatos, sino que se postulan ellos mismos a los cargos electivos. Esto tuvo el resultado de que la narcopolítica ha llegado a horadar, incluso, uno de los poderes del Estado, el Legislativo, que hoy tiene integrantes en ambas cámaras que son claramente seña lados como integrantes de poderosos carteles del interior del país.
El proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Político y establece la obligatoriedad de la transparencia y la identificación de los aportantes, está peleando una batalla más de las que le toca en suerte. Y si bien en los últimos meses hubo un dejo de esperanza de que, esta vez, podría ver la luz y estar vigente para las internas de diciembre y las generales de abril del año próximo, al ver ahora los mil y un entuertos que obstaculizan siquiera su tratamiento serio en la Cámara de Diputados, volvemos a creer que, otra vez, los NN llenarán las listas de aportantes de las diferentes candidaturas.
Las nuevas normas que tengan que ver con las elecciones tienen que estar vigentes antes de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral convoque a elecciones generales, lo cual hará el 21 de agosto próximo, 6 meses antes de los comicios. Es decir que falta menos de 1 mes para que la nueva ley esté sancionada por ambas cámaras del Congreso y promulgada.
Si hubiera verdadero sentido patriótico, los diputados tendrían prisa por dar media sanción al proyecto, a fin de que pudiera ser girado al Senado. Pero no. Esta semana, nuevamente, el tema fue postergado y vuelto a comisión.
Mientras el tiempo se agota, desaparece también nuestra esperanza de tener unas elecciones en las que el narcotráfico ya no pueda meter la mano. Más bien parece que los bandidos seguirán siendo quienes pongan y saquen autoridades, no solo en los gobiernos departamentales, sino en el mismo Congreso paraguayo.