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ASUNCIÓN. A través de un comunicado, las hijas del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el EPP hace más de un año, manifestaron su rechazo a la exigencia de Argentina de que un grupo de dicho país investigue la muerte de niñas durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, por considerarla una injerencia en cuestiones internas.
Aunque tanto el canciller Euclides Acevedo como el vicecanciller Marcelo Scappini aseguraron que no hubo ninguna exigencia argentina sobre el tema para autorizar la reapertura de las fronteras, la duda persiste y la familia Denis la manifiesta en el comunicado.
Las hijas del secuestrado rechazaron “cualquier injerencia extranjera sobre los órganos constitucionales de la República del Paraguay, que quiera arrogarse funciones investigativas que claramente no le competen. El órgano encargado de impulsar investigaciones en nuestro país es el Ministerio Público, por lo que ningún otro grupo de personas, bajo ningún ropaje, pueda arrogarse funciones que constitucionalmente le corresponden a la Fiscalía”.
El comunicado recuerda también “la existencia de órganos internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, además del sistema universal, cuyos mecanismos de protección son a través de la Carta de la ONU y a través de los diferentes Comités”.
“No puede arrogarse un Estado una función bilateral de supervisión sobre otro Estado que claramente no posee, pues no solo estaría violando la soberanía nacional de un Estado, sino también iría contra las reglas del Derecho Internacional por una clara y arbitraria injerencia en funciones que no son de su competencia”, añade.
Expresa que “el Estado argentino solicita a Paraguay acceso irrestricto a la investigación sobre la muerte de dos niñas connacionales, que fueron llevadas al monte y obligadas a portar armas de grueso calibre para participar de un enfrentamiento con miembros de las fuerzas de seguridad paraguaya. Obligadas a ser carne de cañón, a ponerse en primera fila y recibir los primeros impactos de balas mientras sus madres, padres, tíos, tías, primos y demás miembros de dos o tres familias de forajidos autodenominados EPP huían del terreno hostil”.
Critica el enfoque de los argentinos ya que “solo se cierra al propósito de determinar responsabilidades individuales de los miembros de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), cuando lo que debería indignarles es el reclutamiento de connacionales por parte del grupo criminal que opera en el norte. Lo que en realidad deberían solicitar al Estado paraguayo es que dirija y agote todos sus recursos logísticos en la lucha frontal contra este grupo criminal que mata, secuestra, extorsiona”.
