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Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), al referirse a la intención de los gremios docentes de no iniciar las clases el 23 de febrero por mejoras salariales, dijo que “el 23, si es que el gobierno sigue subestimándonos, puede convertirse en una fecha histórica donde el sector docente de una vez por todas se levantó contra un gobierno que pretende instalar nuevamente la dictadura en el país”, lo que revela las claras intenciones políticas de este grupo que camufla las reivindicaciones gremiales.
ASUNCIÓN.- El dirigente gremial sostuvo que las conversaciones con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con la intención de evitar la huelga prevista para el próximo 23 de febrero, día de inicio del periodo lectivo 2017, “fue pérdida de tiempo”, ya que no se pudo llegar a un acuerdo respecto al pedido de los gremios y a la postura oficial de otorgar el 7.7% de reajuste salarial a los docentes.
Sin embargo, Piris no tardó para que desnude la verdadera intención del paro de actividades académicas que pretenden llevar a cabo. Sus expresiones lo delataron en que realmente el objetivo no es el aumento salarial para el sector, sino que existe un claro trasfondo político, que dista de las reivindicaciones gremiales.
Aunque intentó camuflar su idea, reveló que “la lucha del sector docente” pretende instalar la anarquía en el país y de esa manera inventar argumentos para debilitar al gobierno actual. “El 23, si es que el gobierno sigue subestimándonos, puede convertirse en una fecha histórica donde el sector docente de una vez por todas se levantó contra un gobierno que pretende de instalar nuevamente la dictadura en el país”, lo que a todas luces revela que se trata de vilipendiar a este gobierno.
El dirigente gremial trató de ocultar sus expresiones manifestando que están luchando para beneficiar a cerca de 80 mil docentes existentes en el país, por lo que “para nada la lucha tiene un tinte político contra el actual gobierno”, dijo. Sin embargo, insistió en que las autoridades nacionales no cuentan con una propuesta clara para destrabar el conflicto, insistiendo que de no haber una respuesta a sus pedidos, es inminente la realización de la medida de fuerza para el próximo 23 de febrero. Los sindicalistas exigen incrementos del 10 al 15% a partir de julio, en el marco del programa del salario básico profesional del educador.
“Si la propuesta seguirá siendo la misma, ya no queremos reunirnos”, aseguró Piris, al tiempo de expresar que están dispuestos a dialogar si otros números se bajan sobre la mesa. “Nos mantenemos en el aumento de entre el 10 y el 15%”, ratificó.
Indicó que esperan el 80 % de acatamiento, aunque admitió que aún no cuenta con la total adherencia de los demás gremios, por lo que el próximo 10 de febrero se realizará una asamblea general, a los efectos de unificar criterios, según dijo.
