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Ilegalidad de origen

Es cierto que la Constitución prevé la integración de comisiones bicamerales sobre temas puntuales que, casi siempre, están en manos de la Justicia. Pero resulta más que evidente que el papel de las mismas es como una suerte de anexo de los órganos jurisdiccionales, que colaborarán en lo que puedan, pero que no serán los que establezcan los delineamientos de ningún caso.

Con resultados de varios colores, hubo varias bicamerales a lo largo de estos 27 años que tiene de vigencia la Constitución, pero, si hubo críticas al trabajo de los legisladores, fueron generalmente motivadas por el excesivo vedetismo al que eran afectos algunos de ellos, pero nunca se les señaló por perder de vista su lugar, y pretender abrogarse atribuciones que no le competen. Es decir, senadores y diputados siempre tuvieron claro que la investigación de los casos era responsabilidad de los órganos jurisdiccionales, y no de ellos.

Nunca antes fue tan vulgar y manoseado el papel de una bicameral como la actual, y eso se debe a que tiene ilegalidad de origen, puesto que fue idea de alguien que funge de senador sin serlo, y que, además, consiguió la presidencia de la comisión. Por si todo esto no fuera suficiente, la creación de este equipo fue pensada exclusivamente para perseguir a Horacio Cartes, el dueño de la banca que el trucho usurpa, lo que le tiene obsesionado hasta haber perdido el poco control que tenía.

Nada está bien en esta comisión. Ni el motivo por el que fue creada ni quienes la manejan. Es inadmisible que alguien que permanece de manera ilegal en el Senado pueda llegar a tener tanto poder como para manejar un equipo bicameral destinado a atacar a quien considera su enemigo, simplemente porque es quien debería estar en la cámara en lugar suyo.

Además, cada uno de los senadores y diputados que integra la bicameral tiene la misma tendencia irracional de Friedmann; la diferencia es que los demás, por lo menos, sí son legisladores electos y proclamados. Pero están más que dispuestos a dejarse manejar y someter por un trucho, con tal de conseguir algún elemento que pueda condenar a Cartes, a quien también consideran su enemigo.

Solo por eso uno puede enterarse de que la diputada liberal Celeste Amarilla amenazó con utilizar la fuerza pública para detener a Cartes y obligarlo a acudir el viernes ante la bicameral, y lo dijo convencida de que la misma tiene toda la potestad para hacerlo, lo cual es absurdo puesto que solamente la Fiscalía y el Poder Judicial pueden obligar a una persona a acudir a prestar declaración.

Si el Senado no reconsidera la conformación de esta bicameral, lo que hará será caer en una suerte de caza de brujas, entregándose en las manos de un sujeto bastante cuestionado y poco serio, que tendría que haber permanecido bien calladito, sin llamar la atención, habida cuenta de que ni siquiera tendría por qué estar allí.

Una cosa es que no haya mayoría para restablecer la institucionalidad del Senado, y otra muy diferente, tener que aguantar los aires de grandeza, la soberbia y el descontrol de un personaje que ya ha dejado huellas negras por donde anduvo.

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