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Impunidad para los amigos

Es emocionante ver la felicidad de pobladores de alguna ciudad del interior, cuando su Junta Municipal consigue mayoría de votos para iniciar el proceso de intervención de la administración del intendente respectivo. Casi todos piensan que es el final del proceso sin darse cuenta de que apenas es el comienzo, porque, en realidad, es la Cámara de Diputados la que deberá decidir si se concreta o no la intervención, y una vez concluida ésta, si se despide o no al intendente denunciado.

Y esa es la principal traba con la que choca todo este surgir democrático y valiente que muestran las comunidades al resistirse a la autoridad si ésta no responde a sus responsabilidades y no fija su interés en el bien de sus electores. Porque en las dos cámaras del Congreso y, muy especialmente, en la de Diputados, lo que prima es la decisión política, no los argumentos jurídicos ni las pruebas que se presentan para demostrar la veracidad de las denuncias.

La semana pasada, luego de conformar 6 comisiones especiales, que trabajaron durante 2 semanas, Diputados trató el pedido de intervención de concejales de 6 municipios, pero, desde el comienzo y de manera absolutamente injusta, el único que despertó el interés de los medios y ciudadanía en general fue el de Ciudad del Este, más que nada porque el mismo presidente de la República había demostrado estar totalmente a favor de la intervención.

Y así fue, la única administración municipal que fue aprobada por la Cámara de Diputados fue la de Sandra McLeod. Las otras 5, a pesar de la oposición de representantes de las bancaditas, fueron rechazadas, por amistad, por conveniencia, por lo que sea, a pesar de los documentos que fueron presentados por los concejales de cada una de esas localidades.

Esto viene a cuento porque el viernes, los concejales de Quyquyó, Paraguarí, decidieron, en mayoría, solicitar la intervención de la administración municipal de la intendenta Patricia Corvalán. La ciudadanía festejó entusiasmada, convencida de que los excesos cometidos y la corrupción imperante desde el 2015, llegarían a su fin.

Pero resulta que la misma Corvalán es esposa del diputado añetete Esteban Samaniego, integrante del entorno del exgobernador departamental y actual presidente de Diputados, Miguel Cuevas. Así que es fácil deducir que todo el aparato oficialista se pondrá en marcha para evitar que haya mayoría para decidir la intervención a este municipio, más allá de que se cumplan todos los requisitos previstos en la ley, como la conformación de una comisión especial.

A la hora de tratar las intervenciones de la semana pasada, varios diputados manifestaron su oposición por el simple hecho de que había que “respetar el voto popular”, y que si los intendentes fueron electos, debían concluir sus mandatos. Esto tiene algunas aristas interesantes. En primer lugar, el electorado jamás firma un cheque en blanco a la hora de depositar su voto y la permanencia en el cargo de alguien que accede a él a través de comicios, jamás debería ser inamovible, sino sujeta a los resultados de su gestión.

Por otro lado, resulta gracioso que una cámara, integrante de un Poder del Estado que decidió ignorar la elección ciudadana en el caso de los senadores electos, y convocado a dos truchos, presuma ahora de respetar la voluntad popular. O no hay comunicación entre ambas cámaras o los integrantes de una son más hipócritas que los de la otra.

No sirve de nada que las juntas municipales decidan solicitar la intervención de sus municipios si después los diputados, mediante una decisión política, van a rechazarla. Quyquyhó es bastión de Cuevas, así que más peligro hay de que esto ocurra

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