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ASUNCIÓN.- En coincidencia con el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la Tortura, que se recordó ayer, la fiscal asignada a la Unidad Penal II Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, Liliana Zayas Guggiari, en base a suficientes elementos de sospecha de la existencia del hecho punible de tortura; cometidos en la era de la dictadura del entonces presidente de la República, Alfredo Stroessner, formuló imputación contra los supuestos autores.
Ellos son los excomisarios: Nicolás Lucilo Benítez Santacruz (79), Camilo Almada Morel (75), Juan Aniceto Martínez Amarilla (65), Eusebio Torres Romero (81), Agustín Belotto Vouga (84), Manuel Crescencio Alcaraz (74), Obdulio Arguello Brítez (77), Mario Flores Cáceres (64), Felipe Nery Saldívar (87), Fortunato Lorenzo Laspina (72).
Según la imputación, el hecho fue cometido entre los años 1976 a 1978 en el Departamento de Investigaciones de la capital, ubicada al tiempo del hecho sobre las calles Presidente Franco entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile, lugar donde los más arriba individualizados cumplían funciones, y del cual resultó víctima, Domingo Guzmán Rolón Centurión, a quien sometieron a todo tipo de dolor, sufrimientos físicos y mentales. Todas las personas imputadas, mencionadas más arriba, comparecieron en la Fiscalía a los efectos de ejercer su medio de defensa en declaración indagatoria, en ejercicio de sus derechos constitucionales, asistidos por un defensor de su confianza.
Teniendo en cuenta la supuesta participación en calidad de autores en la comisión del hecho punible de tortura, la citada fiscal requirió al juzgado penal de garantías la notificación correspondiente a los imputados y la aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva. Sin embargo, de conformidad al art. 238 CPP existen limitaciones en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar respecto de las personas mayores de setenta años. Pero, respecto a Mario Flores Cáceres (64) y Juan Aniceto Martínez Amarilla (66), la representación pública ha ordenado la detención y la aplicación de prisión preventiva para los imputados individualizados.
