Los jóvenes liberales prófugos de la Justicia Brian Martínez, Rubén Moisés Galeano, Daniel Aquino y Osvaldo Luis Sánchez.
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Incendiarios prófugos estarían siendo utilizados por liberales

ASUNCIÓN.- Según el equipo jurídico que representa a los senadores afectados por la quema de Congreso, la fuga de los jóvenes liberales al Uruguay, procesados por el hecho vandálico y la fabricación de la bomba molotov, sería una quema de archivos para evitar afrontar la Justicia y se conozca lo que realmente pasó.

Referente al tema habló el abogado Juan Sosa Bareiro y señaló: “Nosotros estamos trabajando para que estas personas que están en Uruguay vengan al país”. Entre los prófugos de la Justicia y están en el país charrúa se encuentren los liberales Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez Jara, Rubén Galeano y Osvaldo Daniel Aquino.

El letrado contó que existen muchas limitaciones, desde el punto de vista jurídico, ante la seria de chicanas que presentan los imputados.

Manifestó igualmente,  que al ver el expediente de este caso, se nota una flagrancia de mucha gente, y destacó que existió una coordinación importante para cometer el atropello. “Esto nos deja la certeza que fue un producto de un trabajo bien organizado”, subrayó.

En ese aspecto, manifestó que piden que además de llegar a los culpables directos del destrozo, es decir llegar a las cabezas políticas que orquestaron el destrozo.

Por otra parte, abogado aseguró que no va a quedar impune. “Se interpone una serie de chicanas, pero estas tienen su límite. Es mejor para ellos someterse a la Justicia y dar su descargo”, dijo.

Por último Sosa Bareiro, expresó que le preocupa la actitud de los jóvenes liberales que están siendo utilizados por los políticos. “Los políticos les esconden como una quema de archivos”, se lamentó el letrado.

Entre los políticos que le ayudaron a escapar y viajaron con ello al Uruguay, se encuentran el titular del PLRA, Efraín Alegre, el senador Luis Alberto Wagner y el titular del MOPC, Enrique Salyn Buzarquis. Este último procesado por un daño patrimonial al Estado de US$ 600 mil.

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