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ASUNCIÓN.- El liberal Carlos Portillo consiguió salvarse, hasta ahora, del proceso de pérdida de investidura, a pesar del reclamo de un sector de la ciudadanía y de colegas suyos que solicitaron a la Presidencia el inicio del proceso. Fue justamente su caso el que inició el largo camino emprendido por la Cámara Baja para reglamentar el artículo 201 de la constitución.
El legislador está imputado por la Fiscalía por tráfico de influencias, por unas grabaciones en las que se le escucha negociando sentencias de casos que se siguen en el Poder Judicial del Alto Paraná, en donde, al parecer, tiene mucho poder. Desde el inicio de este período legislativo, los grupos de escraches centraron su atención en los entonces senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, y, además de Portillo, el entonces diputado José María Ibáñez, exigiendo que sus cámaras asuman el compromiso de echarlos del Congreso.
La presión fue tan grande que los dos senadores y el diputado Ibáñez no la resistieron y renunciaron a sus bancas. Pero Portillo, quien durante años gozó de la fama de “vyro chusco”, algo ignorante, pero medio inofensivo, resistió todo el embate recibido y se negó a renunciar, a tal punto que hasta sus propios colegas de las bancaditas decidieron plantear al presidente de la cámara, Miguel Cuevas, que se agilice el proceso y se le saque la investidura.
Eso se planteó a principios de septiembre y la excusa de Cuevas y sectores mayoritarios fue que, al no existir una ley reglamentaria (la que estaba vigente había sido derogada hacía poco), no se lo podía someter al juicio de pérdida de investidura. Así se decidió crear una comisión especial, consultar a expertos juristas y dilatar al máximo el tema, hasta que, al filo de la navaja y ante los reclamos cada vez más fuertes de la ciudadanía, dieron media sanción a un proyecto que, sin embargo, contiene el mismo artículo inconstitucional que hizo que se derogue la ley anterior, establece una mayoría absoluta que la Constitución no prevé.
Ya al filo del receso, el Senado se encontró con este proyecto y otro, presentado por el trucho Rodolfo Friedmann, y, por falta de dictamen postergó el tema hasta marzo del año próximo. Así que Portillo, la musa inspiradora de este despelote, gozará de unas “merecidas” vacaciones de más de 2 meses, algo a lo que no tienen acceso los “comunes”, con su dieta millonaria y todos sus privilegios, a pesar de ser alguien imputado por los organismos jurisdiccionales, por un delito previsto en el Código Penal.
