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En el proceso de regularización jurídica de tenencia de la tierra y actualización catastral, el gobierno logró establecer el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (Sirt) que es una garantía para los pequeños productores. El plan lo desarrolla el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) después de doce años de inacción. Los gobiernos de Duarte Frutos y Fernando Lugo no enfrentaron el problema agrario. Hasta el momento, el mecanismo permitió la recuperación de 70 mil hectáreas de tierras públicas, que garantizará arraigo a ciudadanos sujetos de la Reforma Agraria.
ASUNCIÓN.- El gobierno de Horacio Cartes recibió una organización de la tenencia de la tierra totalmente desactivada con escasos avances en los últimos 12 años. La administración de Justo Cárdenas se vio en la obligación de implementar un nuevo sistema que permita el reordenamiento jurídico de los títulos de las tierras del Estado que hasta entonces estaban en manos privadas.
“Se recuperaron lotes detentados por no sujetos a la reforma agraria, como así también la aplicación de sanciones a los vendedores y compradores de los bienes del Estado destinado a la Reforma agraria (Ley 4.682/12)”, explicó Cárdenas.
Hasta la realización del censo agropecuario del 2008, existían registradas 307.221 explotaciones agropecuarias existentes en el país y otros resultados que se exponen en el cuadro. Una vez realizado el Censo Agropecuario del 2008 se encontraron 200 mil paraguayos ubicados en suelos desgastados, pedregosos y de pequeña superficie. Los resultados incluyen el dato de que 120 mil compatriotas poseen menos de 5 hectáreas y 5.000, menos de 10 hectáreas.
Este estudio demostró que la administración de Nicanor Duarte Frutos fracasó en esta gestión. El gobierno de Fernando Lugo tampoco lo logró.
A pesar de las contundentes y reiteradas denuncias sobre la falsedad de títulos permitido durante el régimen de Stroessner, Fernando Lugo prometió resolverlo, sin embargo todo siguió igual. Un informe de la Comisión de Verdad y Justicia y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), entregado a Lugo demostró que la ilegalidad de tierras alcanza a 7.851.295 hectáreas de tierras pertenecientes al Estado.
Hasta 2014, alrededor de 350 mil campesinos no accedían a la tierra y la cantidad total de superficie que abarca la Agricultura Familiar es de 1.704.605 explotadas por 268.334 unidades productivas.
LA RECUPERACIÓN
La implementación del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (Sirt) permitió la regularización de las tierras del Estado y hasta el momento se han recuperado 70.000 hectáreas que serán destinadas en su totalidad a productores sujetos a la Reforma Agraria.
“Como resultado de estos trabajos, se ha logrado en el periodo, la adjudicación de 12.000 lotes y la generación de más de 1.001 títulos de propiedad, previéndose alcanzar para finales del año 2017 una entrega total de 6.000 títulos”, explicó Cárdenas
TIERRAS A PRECIO DE MERCADO
Un cálculo aproximado realizado por Indert para la compra de tierras a precio de mercado, se estima que se invertirá cerca de US$ 11 millones. Dice un documento de Indert que “si se tuviera que adquirir la superficie recuperada, a la fecha durante la presente administración, que totaliza 11.869 hectáreas, en la región oriental, a los costos de mercado, se tendría que destinar aproximadamente US$ 10 a 11 millones de dólares americanos”.
El proyecto ya bien afinado en su ejecución desde 2014 “ha permitido la reasignación de 1.400 lotes que ha beneficiado a aproximadamente 6.200 personas, generando 4.200 puestos de trabajos de carácter permanente”, apunta la repartición.
Igualmente, en el 2015 fueron recuperadas 87.383 hectáreas en la Región Occidental o Chaco, destaca finalmente.
Dice la presentación de Sirt, “que este aporte puede ser catalogado como el principal legado de la actual administración de gobierno para la regularización jurídica de la tenencia de la tierra, que parte de la actualización Catastral de sus colonias como un todo, suministra información con alta precisión geoespacial y registral para brindar certeza y seguridad jurídica a los derechos de propiedad de miles de familias agricultoras”.
