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El último enfrentamiento que se produjo entre los senadores y un funcionario de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) indignó a los legisladores, que le pidieron al director de Normas, Javier Coronel, que se retracte. Esto porque el paquete de 12 proyectos contra el crimen organizado, presentado en noviembre del año pasado por el Ejecutivo, está mal redactado y demuestra que no hay consenso entre todas las instituciones del gobierno sobre varios de ellos.
ASUNCIÓN.- A fines de noviembre del año pasado, y con un gran acto mediático, el Ejecutivo presentó un paquete de 12 proyectos tendientes a perseguir y castigar el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Desde el comienzo se dijo que era apenas la punta del iceberg y que la intención era evitar que nuestro país pudiera ser sancionado internacionalmente por demostrar voluntad para combatir al crimen organizado.
Se decidió que el tema sería tratado al reiniciarse el periodo legislativo, en marzo pasado, y desde entonces se analizan los proyectos en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación. Si bien en un momento se propuso ir tratándolos en plenario a medida que tuvieran dictamen, al final se decidió que termine el estudio del paquete completo y luego ponerlo a consideración en una sesión especial.
Por más voluntad e interés que hayan demostrado los senadores, el proceso camina muy lentamente, más que nada por una evidente falta de coordinación entre las instituciones del gobierno. Lo cierto es que cuando el funcionario de la Seprelad advirtió a los senadores de la Comisión Nacional de Reforma Penal y Judicial que serían los culpables de que el país sea reprobado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) por no tener en vigencia un mínimo de leyes que demuestre de alguna manera que el país tiene intenciones serias de luchar contra el crimen organizado, varios de los legisladores reaccionaron con indignación, y con razón.
Tal como lo dijo el colorado Sergio Godoy, es muy difícil avanzar en el trabajo siendo evidente la descoordinación que existe dentro del Poder Ejecutivo, puesto que el Ministerio de Hacienda ni siquiera conoce los proyectos y la Abogacía del Tesoro no está de acuerdo con uno de ellos.
Así las cosas, lo único que logra la agresividad del representante de la Seprelad es soliviantar los ánimos de tal manera que nadie avanza en nada. Si se pretende un
trabajo serio, hay que empezar por corregir las lagunas que existen en el paquete, que es, precisamente, lo que los senadores están haciendo.
