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ASUNCIÓN.- El artículo 192 de la Constitución Nacional establece que: “Las Cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios, exceptuando la actividad jurisdiccional. Los afectados están obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser menor de quince días”.
Esto, en los hechos, es letra muerta ya que es cada vez más frecuente que los entes que son requeridos con alguna consulta por el Senado o Diputados, ningunee a las cámaras y cajonee la consulta. Esto es tan así que lo llamativo es que alguno responda en tiempo y forma lo solicitado.
En ambas cámaras hay indignación ante esta actitud que tienen ministerios, hidroeléctricas, direcciones y otros entes que están obligados a responder a los requerimientos del Congreso.
En Diputados, Basilio Núñez lleva mucho tiempo denunciando que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no responde los pedidos de informe desde el 2020. Las bancadas de la oposición dicen que el lord mayor de Asunción, Óscar Rodríguez, hace lo mismo desde su reciente asunción al cargo.
En el Senado, el presidente de Peticiones y Poderes, Javier Zacarías Irún, pidió a la cámara que se llame a interpelación a los presidentes y responsables de entes que ignoran los pedidos de informe (hay más de 100 sin respuesta) y fue apoyado por Desirée Masi, quien lleva tiempo denunciando esta situación.
La Constitución no contempla penas para quienes violen el 192, aunque hay una tendencia de decidir la interpelación en el caso de que no se tengan respuestas a pesar de las reiteraciones.
