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Desde el 9 de octubre de 2017 se encuentra en el Senado el pedido del Poder Ejecutivo para designar a Sandra Quiñónez como fiscal general del Estado en reemplazo de Javier Díaz Verón, sin que hasta el momento el cuerpo colegiado se expida sobre el tema. La Ley 5.208/14, establece los plazos para la designación y sostiene que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley implicará mal desempeño de funciones y causará responsabilidad personal de los legisladores, normativa pisoteada por los mismos, ya que siguen dilatando el proceso.
ASUNCIÓN.- La Cámara de Senadores tiene dos caminos; prestarle el acuerdo a Sandra Quiñónez o rechazar a la fiscala y exigir al Consejo de la Magistratura comenzar todo de nuevo. Pero hasta el momento, los legisladores no hicieron lo uno ni lo otro, lo que motiva una irresponsable e insana dilación de los legisladores, especialmente de los opositores. El tratamiento de la designación del sustituto de Díaz Verón viene siendo postergado hace tiempo, lo que revela no solo la irresponsabilidad de los parlamentarios, sino una abierta violación a la Constitución Nacional y a las leyes creadas para el efecto.
Hasta el momento, la mayoría opositora, no solo estuvo en contra de Quiñónez, sino de toda la terna que estuvo integrada por el propio Francisco Javier Díaz Verón y Victoria Acuña. La oposición cuestionó el proceso del Consejo de la Magistratura por haber elegido a referentes de un solo sector partidario, por lo que peligrosamente comenzaron a dilatar el proceso, con el objetivo y, bajo la excusa de la transparencia, para forzar la creación de una nueva terna y poner a un postulante que sea del “agrado” de este grupo político.
El pedido de acuerdo para nombrar a Quiñónez al frente del Ministerio Público sigue cajoneado y se diluye de esta manera el objetivo de mantener la “institucionalidad” de la República de la que tanto alardean los que hoy prefieren cajonear el caso, antes que cumplir con lo que les ordena la Constitución Nacional. Para prestar el acuerdo y nombrar a Quiñónez se necesita mayoría simple, pero al mismo tiempo hace falta el quórum; es decir, que estén 23 senadores en la sala. En el caso que se tenga ese número, entonces solamente harían falta 12 legisladores, cifra que se completa sumando a los 10 colorados oficialistas, con los 2 oviedistas, de acuerdo a los cómputos para el efecto.
En tanto, la crisis se ha generado en la Fiscalía General del Estado, teniendo en cuenta que los senadores opositores hace más de 100 días que mantienen cajoneado el acuerdo constitucional para nombrar al sucesor de Javier Díaz Verón al frente de dicha institución. Sin embargo, todo el inconveniente por el que la Fiscalía General de la República está pasando, se hubiera podido evitar si en octubre del año pasado, el Senado hubiera obedecido los plazos constitucionales y, luego de 30 días, se hubiera expedido sobre la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para el nombramiento de Sandra Quiñónez como sucesora de Díaz Verón, hecho que los opositores siguen irresponsablemente dilatando.
Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga (48), es egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Tiene una maestría en planificación y conducción estratégica nacional. Fue asistente fiscal por seis años y agente fiscal penal por 17 años. De acuerdo a los antecedentes del caso, en su momento la terna fue aprobada por unanimidad por los ocho miembros que participaron de la reunión extraordinaria del Consejo de la Magistratura. Posteriormente fue remitida al Poder Ejecutivo que, a su vez, remitió el documento a la Cámara de Senadores, que hasta hoy sigue insanamente dilatando el proceso.
