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La situación sigue tensa en la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã del departamento de Caaguazú, luego del operativo de desalojo de unas 200 familias campesinas realizado el jueves 15 de setiembre por 1.200 agentes policiales, encabezados por el fiscal Alfirio González y el comisario Luis Cantero. Ayer un grupo volvió a quemar dos puentes en la zona y realizó disparos al aire para impedir el paso de colonos y policías.
ASUNCIÓN.- Los labriegos custodian el lugar como medida de fuerza tras el desalojo de las 200 familias de las tierras pertenecientes a “brasiguayos”. Ari Weber refirió que en la mañana de este lunes un grupo de colonos, escoltados con algunos efectivos policiales, que se dirigían a sus puestos de trabajo, constataron que dos puentes de acceso hacia Campo Seco fueron nuevamente destruidos.
“Vimos fuego en la zona donde se invadió antes, justo en el camino donde nosotros teníamos que pasar para el otro lado del río”, acotó.
El afectado explicó que aproximadamente un millón de guaraníes costó la reparación de las dos pasarelas luego del último hecho realizado por los campesinos y que este lunes nuevamente fueron quemados los dos pasos. Unos 30 labriegos estaban allí y al ver la comitiva de colonos y policías, realizaron disparos al aire, relató.
“Nosotros estábamos acompañados de cinco policías y por eso tuvimos que retirarnos de esa zona. Quise sacar fotografías para evidenciar la situación, pero los policías dieron la orden de la salida del lugar”, destacó el colono.
Weber subrayó que los campesinos están fuertemente armados, custodiando el lugar para evitar que trabajen los colonos. “Tienen fusiles y encontramos cartuchos de armas poderosas. Eso encontramos cerca del puente destruido. Además tuvimos información de un conocido nuestro que es paraguayo y que está con los campesinos. Él nos dijo que ellos quieren matar a dos o tres ‘brasiguayos’ porque entonces van a ganar la tierra. La información que tuvimos es que ellos están disparando para matar”, indicó.
Weber comentó que los campesinos están realizando guardia permanente en la zona y que también la Policía Nacional, con unos 80 efectivos policiales, se encuentra resguardando el lugar para evitar desmanes.
“Nosotros necesitamos ir a cosechar, pero no podemos porque quemaron el puente. Para arreglar vamos a tardar un día otra vez. Vamos a tener muchas pérdidas”, lamentó el colono.
ANTECEDENTES
Unas 200 familias fueron desalojadas el 15 de setiembre de unas 1.200 hectáreas de tierras pertenecientes a descendientes de colonos brasileños. El desahucio se realizó a raíz de una denuncia por invasión presentada en 2014 ante el Ministerio Público por 90 propietarios.
Unos 1.200 policías con impresionante logística, incluido un helicóptero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), realizaron el desalojo. Legisladores, encabezados por el senador Luis A. Wagner y los diputados José “Pakova” Ledesma, Víctor Ríos y Celso Kennedy, además del presidente del PLRA, Efraín Alegre y el obispo Juan Bautista Gavilán, condenaron la medida fiscal-policial. Todos ellos son considerados oportunistas e instigadores de los campesinos.
LAS TIERRAS NO SON DEL INDERT, SON PRIVADAS
En Guahory, departamento de Caaguazú, los lotes no son del Indert; las tierras son privadas, según el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Justo Cárdenas. Señaló que solo con un juicio de nulidad se podría recuperar esas tierras, ya que los títulos de los colonos brasileños son legales, por estar inscriptos en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, un litigio así duraría como mínimo 10 a 15 años, de acuerdo a sus expresiones.
Es más, sostuvo que promover tal acción sería “imprudente por parte del Estado porque generaría un caos jurídico del cual no podríamos salir. El Estado paraguayo no puede desconocer un título que ha entregado, porque generaría un caos e inestabilidad jurídica”, ratificó.
Para el presidente del Indert la solución para el reclamo de las familias campesinas sería su reubicación en otras tierras. Señaló que existen casi 1.300.000 hectáreas de tierras recuperables ya que de las 3.200.000 hectáreas compradas por el Estado, por lo menos el 45 % está en manos de personas que no califican como sujetos de la reforma agraria”.
Aclaró sin embargo que en la zona de Guahory existen muy pocos lotes que podrían ser recuperados por el Indert ya que el 85% de las tierras están tituladas. “Se han adquirido esos lotes con el Estatuto viejo, del año 2002, que posibilitaba la compra de lotes fiscales o públicos por parte de extranjeros. Lastimosamente, en este caso, son personas que ni siquiera viven en Guahory, viven en Foz de Yguazú, San Pablo, en Ciudad del Este”, refirió.
PRESENTAN DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA
Roberto Acevedo, presidente de la Cámara de Senadores, junto a los senadores Esperanza Martínez, Miguel Ángel López Perito y Luis Alberto Wagner presentaron al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, lo que consideran “evidencias de delitos” en el desalojo en Guahory.
“Consideramos que hubo hechos punibles que se dieron en Guahory, hemos sido testigos y protagonistas de estos abusos, tenemos filmaciones de los hechos, hechos punibles por lo menos en nueve casos. El fiscal general se comprometió a abrir una investigación”, dijo López Perito durante la presentación de la denuncia.
Por su parte, Esperanza Martínez refirió que cada caso que denuncian está documentado y rememoró que los labriegos de esta comunidad del distrito Tembiaporã, Caaguazú ya fueron desalojados en enero de 2015. Sin embargo, la situación se revirtió meses después, ya que las propiedades estaban en proceso de expropiación. Aseguró que en esta oportunidad los intervinientes nunca mostraron la orden de desalojo. “Lo que no queremos es que esto quede en el famoso “oparei”. Que se encuentre a los responsables y se castigue. No podemos permitir que siga la impunidad”, acotó.
Por su parte, Wagner fue mucho más allá y apuntó directamente al jefe de Orden y Seguridad de la Policía. “Policías dirigidos por Luis Pablo Cantero, nuevo jefe de Orden y Seguridad, premiado por esta actuación, impide a tres senadores caminar por calles públicas, primera línea hasta quinta línea. (Transitar por) las calles públicas no nos podía impedir la policía, ni en época de la dictadura”.
