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El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Lic. Justo Cárdenas, reiteró que políticos opositores buscan romper el diálogo con campesinos y lucrar con la necesidad de los más vulnerables. Indicó además que muchos compatriotas detenidos por invasión a la propiedad privada, pierdan inmediatamente su calidad como sujetos de la reforma, por lo que nunca más podrán recibir tierras por parte del Estado. Es referente al caso del grupo desalojado en Guahory, departamento de Caaguazú.
ASUNCIÓN.- El titular del ente agrario sostuvo que existen políticos que incitan a romper el diálogo con los beneficiarios en busca de una solución al caso. Una de ellas es la propuesta del gobierno que incluye la recuperación de tierras dentro de la Colonia Guahory y la reubicación de las familias en otras tierras donde ya se trasladó un grupo de 24 familias.
Con respecto a la invasión a la propiedad privada, dijo que no corresponde. No se puede generar Justicia social sobre la base del atropello a la ley y a los derechos de terceros. “Entonces, nos preguntamos ¿A qué se debe esta actitud violenta y reiterada de la gente de pretender ingresar a parcelas que ya tienen títulos de propiedad desde hace mucho tiempo, inscriptos en Catastro y Registros Públicos y que este gobierno y cualquier otro tiene la responsabilidad de precautelar? Esa es una responsabilidad que tenemos que cargar, que lo estamos haciendo con absoluta seriedad y nos estamos ocupando del problema”, expresó Cárdenas.
Igualmente, destacó que si los títulos de las tierras de la Colonia Guahory pasaron por varias manos, el ente estatal no tiene legitimidad activa, es decir, ya no es parte para intervenir en un juicio entre particulares, en el que se debería determinar la legitimidad o no de la titularidad.
Explicó también que los documentos otorgados de forma legal, décadas atrás por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), ya no pueden ser anulados administrativamente por el INDERT.
Informó que el entonces IBR entregó títulos de Guahory entre los años 1984 y 1985. “A los primeros tenedores de títulos eso no se puede discutir. Esto se debe a que el IBR hizo esa entrega cuando regía una ley que permitía entregar tierras, tanto a paraguayos como extranjeros. Esta normativa cambió en el 2004”, apuntó.
