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Los préstamos otorgados por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa Tigo, de US$ 64,4 millones, y a los bancos Sudameris y Continental, cercanos a los US$ 8 millones a cada uno, generó las controversias de siempre en torno a si se el ente debe realizar o no este tipo de operaciones, por los “clavos” que el sector privado le dejó en el pasado, como ocurrió con los transportistas. Los casos mencionados son, sin embargo muy distintos. Se trata de empresas solventes y cuentan con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo cual los fondos jubilatorios están a buen resguardo, además de que la ley orgánica de la entidad le faculta a su consejo de administración a realizar estas transacciones financieras. No obstante, a la luz de los hechos surgen interrogantes que resultan cruciales de responder para el futuro de la institución, tanto en lo referente a la correcta inversión de sus recursos, como a la forma en que esto debería traducirse en una mejor calidad de su cuestionado servicio de salud, particularmente en lo relativo a la insuficiente cantidad de profesionales médicos, así como al faltante de medicamentos para los pacientes, sobre todo los de mayor costo.
Lo primero que cabe preguntarnos es ¿Por qué la previsional otorga créditos al sector privado y no al Estado paraguayo para la realización de obras de infraestructura que sirvan a los fines del desarrollo, tomando en garantía sus abultadas reservas internacionales? La respuesta es que la normativa por la cual se rige el IPS no lo permite, lo que carece de toda lógica si se establecen los recaudos que garanticen el retorno del capital y los intereses, como el señalado. Y entonces surge un segundo aspecto que requiere otra explicación: ¿Por qué no se modifica la ley. ¿Es por acción de los sindicatos, que siempre tienen la negativa a flor de labios, de algunos medios de prensa que obran del mismo modo o por negligencia y/o desinterés de los parlamentarios? Pues si así fuera, habría que denunciar a los responsables y exponerse ante el país un tema que a todos nos interesa, empezando por los asegurados, que tendrían asegurada la inversión y obtendrían beneficios directos, por medio de la capitalización de los fondos de jubilación, e indirectos, de los que resulten de los proyectos que financien.
En segundo término, también corresponde que nos interroguemos cómo hacer para que parte de la rentabilidad que se obtenga por estas vías se destinen a mejorar los criticados servicios de salud, en lo concerniente a atención profesional y suministro de medicamentos. De nuevo se tropieza con obstáculos legales, dado que la Carta Orgánica lo prohíbe taxativamente, por lo cual también debe incorporarse como un tema más a ser debatido para su pronta modificación, a fin de que parte del lucro obtenido pueda destinarse a dicho fin.
Y otra pregunta más, ¿Cuál es la participación de los reales propietarios de la institución, empleadores y empleados, en la definición de éstas u otras estrategias, más allá de las facultades discrecionales de algunos burócratas que los representan?
Lamentablemente, no son estas las discusiones que promueven las Centrales Obreras, con sus sistemáticas negativas, ni menos ABC color, siempre presente a la hora de obstruir cualquier iniciativa, aunque muy probablemente hubiera sostenido una postura radicalmente diferente si los beneficiaros de los créditos eran sus empresas Personal o Banco Atlas.
No ciframos la menor expectativa de que Zuccolillo abandone su política de boicot a todo aquello de lo que no resulte directamente favorecido. Es su naturaleza. Pero sí que las organizaciones sindicales y de jubilados modifiquen sus políticas para convertirse en promotores reales de los cambios que urgen introducir en el IPS, empezando por su Carta Orgánica y que junto a los gremios empresarios logren arrancar compromisos a los que quieren guiar los destinos de la República en el siguiente período.
Al IPS lo potenciarán y proyectarán en el tiempo sus reales propietarios, o no lo hará nadie.