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ASUNCIÓN- El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, respondió a la recusación presentada por Oscar Tuma, abogado de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, rechazando las acusaciones de irregularidades en el procedimiento de allanamiento relacionado con la causa Pavo Real II.
Legal sostuvo que las diligencias, incluyendo el allanamiento en la residencia del legislador, fueron ejecutadas en conformidad con la ley. En su contestación, el juez desestimó las objeciones planteadas por la defensa de Rodrigues Gomes, argumentando que no existe fundamento para los siete puntos de la recusación.
Entre las acusaciones se encuentran la supuesta confusión en la orden de allanamiento debido al idioma, el horario en el que se realizó el procedimiento y la falta de especificación de nombres para las detenciones. También se cuestionó la inclusión de una imputación a una persona fallecida y la ambigüedad en la denominación del juzgado interviniente.
Según el portal “El Observador”, Legal explicó que el allanamiento se realizó durante el horario nocturno debido a la complejidad del caso, y que los agentes fiscales, responsables del control del procedimiento, habían justificado adecuadamente la necesidad de dicho horario. Además, indicó que la imputación de Eulalio Gomes, aunque presentada electrónicamente, no fue admitida debido a la condición del imputado como legislador y la falta de documentación oficial sobre su fallecimiento.
El juez subrayó que los mandamientos de allanamiento fueron firmados y emitidos por el Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno Especializado contra el Crimen Organizado, y que la documentación especificaba claramente la autoridad competente. Reafirmó que todas las acciones se realizaron bajo el control y responsabilidad de los agentes fiscales involucrados, asegurando así la legalidad del procedimiento.
En su fallo, Legal concluyó que las alegaciones de la defensa carecen de fundamento y que todas las actuaciones se llevaron a cabo conforme a la normativa procesal vigente.
