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Con el juicio al contralor general de la República está ocurriendo lo mismo que con el caso de 3 ministros de la Corte que fueron acusados por Diputados y el libelo guarda el sueño eterno en algún cajón del Senado desde hace más de 3 años. Enrique García es el responsable de cuidar la transparencia en las instituciones públicas y denunciar hechos de corrupción, pero fue acusado por la Cámara Alta de ser un bandido, y en sus manos estamos por culpa de los senadores.
ASUNCIÓN.- Los senadores convirtieron al juicio político en un buen negocio. En el caso de los ministros de la Corte llevan años utilizando la acusación de Diputados como cháke para que los magistrados dicten sentencia en base a lo que conviene a los intereses de nuestros legisladores o su entorno. Más de 3 años presionando y negociando con Sindulfo Blanco, César Garay y Óscar Bajac para “salvarlos” del enjuiciamiento y de la condena, se convirtieron, por lo visto, en una costumbre en la Cámara Alta.
Hace un mes que el Senado tiene en su poder el libelo acusatorio en contra del contralor, quien, por el papel que tiene y la responsabilidad que le exige la Constitución, debería ser el ejemplo de honestidad y transparencia, a pesar de lo cual, García está señalado con el dedo, con acusaciones bien concretas que más lo asemejan a un delincuente que al defensor de las arcas del Estado.
Cualquiera pensaría que los senadores priorizarían el enjuiciamiento de García, justamente por la delicadeza de su cargo, pero he aquí que a medida que transcurren los días ya ni siquiera se habla mucho del tema. Algunos dicen que el tema será tratado recién después de las elecciones, como si el juicio político sea un tema electoral. Otros aseguran que jamás aprobarán su condena porque eso sería dejar la Contraloría en manos de la ANR.
Sin importar los argumentos que utilicen, es absolutamente injustificable y repudiable esta actitud de los senadores, que dilatan un tema que debiera ser tratado con urgencia para definir la situación de un hombre que, todo parece indicar, defraudó la confianza depositada en él, por lo que no puede continuar en el cargo.
De acuerdo a rumores que corren por los pasillos del Congreso, hay senadores que pretenden utilizar el enjuiciamiento a García como modo de chantaje, así como llevan mucho tiempo haciendo con los ministros de la Corte. Los 19 colorados quieren llevar a cabo el proceso, pero para condenarlo necesitan 30 votos, y allí es donde la oposición parece más que dispuesta a buscar alguna ventaja antes de decidir qué hacer.
