ASUNCIÓN.- El abogado Eduardo González, apoderado de la ANR, dijo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debe actuar contra la jueza Magdalena Narváez, quien otorgó la libertad ambulatoria al diputado Ulises Quintana, pese a que la ley no le permite.
Habló de una justicia electiva, además de resaltar la participación del Ejecutivo para la determinación, atendiendo a las abiertas amenazas por parte de abogados del procesado de revelar cuestiones que involucran al propio presidente.
“Creo que (la decisión) tiene una vertiente jurídica y otra política, y ante lo ocurrido, lo jurídico ya está trascendido. Hay una decisión bastante cuestionable en la interpretación de la norma en lo que tiene que ver con la aplicación o revocación de una medida alternativa, que es la figura que se utilizó la jueza”, explicó a la 970 AM.
Añadió: “Pero también tenemos una interpretación política, un análisis que se tiene que hacer ahora en la Cámara de Diputados (para la recuperación de su banca). Qué alcance tuvo el permiso de Quintana, qué acciones se tomaron y qué no”.
Igualmente, manifestó que dentro del oficialismo debe generar un análisis, teniendo en cuenta que uno de los ministros con mayor destaque hasta ahora, Arnaldo Giuzzio, titular de la Senad, cuestiona fuertemente la decisión de la jueza de liberar a Quintana. “Si fuese él pensaría muy bien en mi situación dentro del Ejecutivo”, destacó. Mencionó en ese sentido que el informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez, este sector fue el que tuvo mayor resalto.
Por otro lado, manifestó que hay cuestiones que no pueden soslayarse y son las amenazas de abogados que están interviniendo en la causa, que decían que tenían todos los elementos de vinculación con el Ejecutivo mismo. “Qué tanto afectó esto para que se tome la decisión (de liberar a Quintana)”, espetó.
Al igual que otros juristas, González destacó que el artículo 245 del Código Procesal Penal no admite medidas alternativas a la prisión para casos de crímenes. Ulises Quintana está imputado por los hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe actuar. Por ejemplo, en el caso de Víctor Bogado (exsenador) el voto del Tribunal de Sentencia no fue por unanimidad; fue dos a uno. El juez Víctor Medina está enjuiciado por el Jurado por emitir el voto en contra de la condena. También, el juez que lleva el caso de Javier Zacarías Irún (Marino Méndez), está enjuiciado por un tema de amparo, que no es ni grave. Estamos entrando en el campo de la justicia selectiva”, puntualizó.