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ASUNCIÓN.- De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, para publicar el listado de las personas que fueron vacunadas contra el Covid-19, deberán contar con la autorización de los afectados, algo que no tiene ninguna justificación jurídica, según el abogado y jurista Jorge Vasconsellos.
En una entrevista realizada por la 970 y GEN, el jurista dijo que la discusión sobre la privacidad es recurrente y el mismo criterio se pretendió utilizar para no publicar los salarios de funcionarios públicos.
“Yo traté pero no logré identificar ningún tipo de norma que justifique el secreto en este caso, ni desde el punto de vista de la intimidad ni del secreto médico. El artículo 147 del Código Penal figura la Revelación del secreto de carácter privado y allí establece que como secreto se entenderá cualquier hecho, dato o conocimiento: de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus consecuencias nocivas, intereses legítimos del interesado; o respecto de los cuales por ley o en base a una ley, debe guardarse silencio”, comentó.
Añadió que “el registro o la nómina de las personas sometidas a inmunización a través de una vacuna que es solventada y financiada con recursos provenientes de nuestros impuestos, no reúne estas características”.
“A pesar que guarde relación a cuestiones vinculadas a la salud, la circunstancia de la aplicación de las dosis de inmunización no refleja el estado de salud de la persona, es decir, no constituye su ficha médica, no revela la existencia de enfermedades, sino que se trata de un tratamiento preventivo para no contraer enfermedades. Por ello no encuentro justificaciones jurídicas que sustente a la resistencia de la publicación”, concluyó.
