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La Cámara de Diputados decidirá mañana si aprueba acusación

Javier Díaz Verón.

Aunque los colorados disidentes y los opositores concilien un solo proyecto de libelo acusatorio, dependerá de la cantidad de asistentes a la sesión extraordinaria de Diputados convocada para mañana, para que el pleno apruebe el trámite y concrete la acusación, que deberá luego ser remitida al Senado.

ASUNCIÓN.- El artículo 225 de la Constitución dispone que Diputados sea la cámara acusadora, y el Senado la juzgadora en el caso del juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Para que la primera apruebe el libelo acusatorio se necesita mayoría de dos tercios de votos, lo que significa que, en el caso de que estén presentes los 80 diputados, deberán aprobar la acusación 53 legisladores.

Pero parece que la cuestión está mucho más complicada, puesto que hay 3 proyectos de libelo acusatorio que deberán ser tratados por el pleno: uno, presentado por 21 opositores; el segundo, del liberal Víctor Ríos y el tercero de la bancada Añetete. En el supuesto caso que se logre conciliar las 3 redacciones, y se consiga con esto el apoyo total de disidentes y todas las bancadas de la oposición, solamente se tendrían 43 votos; es decir que en el caso de que asistan los 80 diputados, seguirán faltando 10, por lo cual el apoyo de la bancada colorada oficialista es fundamental para que el enjuiciamiento sea aprobado y el proceso iniciado oficialmente.

Como la mayoría que se requiere para la cámara acusadora no es absoluta –como sí lo es para la juzgadora- a los opositores les conviene que haya varias ausencias en la sesión de mañana, especialmente si proceden de la bancada oficialista. Habiendo quórum legal (41 votos) la mayoría de 2 tercios se consigue de los presentes y no del total de integrantes.

Díaz Verón es investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, pero, sin aguardar que la Justicia se expida, los diputados liberales, con el apoyo de otras bancadas de la oposición, decidió iniciar el proceso de juicio político para sacarlo del cargo (a pesar de que ya tiene mandato vencido) cuanto antes. Lo más extraño del caso es que, hasta ahora, nadie habla de quién lo sucederá en el cargo, si el fiscal adjunto en lo penal, como prevé la Ley Orgánica de la Fiscalía, o se aguarda algún tipo de acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado para nombrar al sucesor.

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