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Sobre el filo del mediodía de ayer, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar al pedido de suspensión del sistema de gestión tributaria de la Municipalidad de Asunción, que fue contratado por la administración del intendente Mario Ferreiro. Un grupo de vecinos de Asunción, con fuerte apoyo de un sector de la Concejalía de la Municipalidad de Asunción planteó la inconstitucionalidad acusando de supuestas irregularidades en el proceso que terminó con la adjudicación de una asesoría internacional para el reacondicionamiento del cobro impositivo y la actualización de datos catastrales. La suspensión es hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad.
ASUNCIÓN.- La Sala Constitucional aceptó las argumentaciones de los abogados Orlando Fiorotto y Rossana Rolón, quienes patrocinaron la acción de inconstitucionalidad y suspendió efectos de la resolución 698 del 23 de abril de 2018 dictada por la Intendencia y la resolución 6.136 del 11 de julio de 2018, emitida por la Junta Municipal de Asunción. Esta acción tiene una duración hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El punto más fuerte mencionado por los accionantes es que este contrato viola el artículo 36 de la carta Magna, “que garantiza la inviolabilidad del documento Patrimonial de los contribuyentes y otros”.
Lo resuelto por la Corte quiere decir que la Intendencia deberá suspender el proceso de adjudicación de lo que llaman los accionantes “privatización de cobros de impuestos y entrega de información confidencial de los vecinos de Asunción a una compañía privada”.
El cronograma de trabajo de la consultoría contratada por Ferreiro debía iniciar el proceso en el terreno el lunes 24, pero ante esta medida de la Corte el Intendente municipal está obligado a abstener de iniciar los servicios de recaudación entregando la base de datos de todos los contribuyentes de Asunción.
Los magistrados que fallaron a favor de los ciudadanos que solicitaron la medida son Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña Candia y Antonio Fretes.
Ferreiro está obligado a detener todo proceso iniciado con la adjudicación en favor del consorcio TX Panamá y Gaudí. Esta medida cautelar de la Corte tiene vigencia mientras se analiza la cuestión de fondo que son los argumentos de ambas partes relacionados a la acción de inconstitucionalidad planteada por los oponentes a la concesión.
El contrato suscrito entre la Intendencia y el consorcio TX para la tercerización de los referidos servicios fue homologado por la mayoría en la Junta Municipal, pero según los concejales de la minoría que se oponen aseguran que se viola varios artículos de la Carta Magna y del Código Civil.
El procedimiento ante la más alta magistratura fue acompañada por la abogada Rosa Vacchetta del movimiento ciudadano AsunciónNoSeVende y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Simuca). Expresó la abogada su satisfacción y la de los adherentes de AsunciónNoSeVende “y lo calificamos como un importante obsequio por el Día de la Juventud e inicio de la primavera”.
“FERREIRO ESTÁ OBLIGADO A ABSTENERSE AL PROCESO”
El concejal colorado Orlando Fiorotto es quizás el principal referente de este proceso de oposición de la intención del intendente capitalino, Mario Ferreiro, de contratar una empresa privada para la gestión de cobro tributario y de actualización catastral.
“Si pretendían dar inicio el próximo lunes de la tercerización de los servicios de recaudación entregando la base de datos de todos los contribuyentes de Asunción, ahora el señor intendente municipal se tiene que abstener, teniendo en cuenta que esta resolución de la Sala Constitucional, donde resuelve justamente la suspensión de los efectos de la resolución pertinente, tanto de la Junta como de la Intendencia Municipal”, expresó Fiorotto
Dijo que esta determinación de la Corte Suprema de Justicia “nos indican que estamos en el camino correcto; para nosotros está demostrado que “la supuesta consultoría, trasgrede disposiciones, como el derecho a la intimidad de las personas, el derecho a la identidad patrimonial de las documentaciones”.
Apuntó que esto mismo ya lo demostraron en las sesiones de la Junta Municipal, pero “no logramos imponer este criterio, y la Corte nos permitirá demostrarlo, es por eso la suspensión”.
Precisó que “la máxima instancia judicial dictó una medida cautelar para que la comuna no proceda a la implementación de la tercerización de la gestión tributaria en Asunción”.
A su criterio, la medida dispuesta por el intendente Mario Ferreiro viola, además de la Constitución Nacional; el artículo 849 del Código Civil, al delegarse al sector privado, competencias que son únicas y exclusivas del municipio en lo que refiere a la percepción de tributos.
Rechazó la explicación municipal en relación a los riesgos y aclaró que “si tenemos en cuenta que la Municipalidad seguirá invirtiendo unos 2.700 millones de guaraníes en el pago de los salarios de unos 900 funcionarios de 5 direcciones que estarán a disposición del consorcio adjudicado”, manifestó.
En cuanto al pago a la compañía privada apuntó que “a la pérdida que ya existe debemos sumar el 22.45% de las recaudaciones que irán a parar en manos de la empresa”.
Apuntó el edil que “este momento es propicio para que Ferreiro incluya en el presupuesto del año que viene la compra de un Software Nacional y desarrolle con sus 8.000 funcionarios la actualización de las cartas catastrales y todo el aumento de la recaudación formará parte de las arcas Municipales”.
