La separación de poderes nunca ha sido el fuerte del chavismo. En una maniobra que golpea una vez más al Poder Legislativo, de mayoría opositora, el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo un fallo judicial a su favor que le permite saltearse a la Asamblea Nacional en la aprobación del presupuesto nacional.
CARACAS.- La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), histórico aliado del chavismo desde su acceso al poder en 1999, contra el que nunca emitió una sentencia desfavorable, sustrae la función de aprobar el presupuesto al Parlamento alegando “el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.
La sentencia determinó así que “el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional (del TSJ), bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de ley”.
El tribunal sostuvo que la medida responde además al “desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el estado de excepción y emergencia económica”.
La Corte acusa a la directiva de la Asamblea Nacional de estar en desacato por haber juramentado a tres diputados indígenas de oposición, cuya elección fue objetada por el chavismo por presuntas irregularidades en sus victorias electorales, aunque nunca se presentaron pruebas.
“Creo que le hace un daño muy grande al país. Lo mejor hubiese sido que el gobierno hubiese llevado la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento al Parlamento, y nosotros le hacemos las modificaciones pertinentes y se lo aprobamos”, dijo el diputado opositor José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas.
Guerra hizo, asimismo, un llamado de “alerta a los bancos de Venezuela, a los bancos del exterior, a los bancos de inversión, que se van a tener que abstener de otorgar financiamiento a un gobierno que está cometiendo una ilegalidad”.
La oposición asumió en enero pasado el control del Parlamento que por 17 años fue manejado por el oficialismo, pero desde entonces su capacidad de maniobra ha sido bloqueada por el Poder Judicial, que emitió 19 sentencias contra leyes y acuerdos aprobados allí.