ADN Digital
Desde el punto de vista jurídico, resulta más que obvio que el operativo de prensa impulsado por ABC y su radio, Cardinal, basado en “escuchas” no autorizadas por juez competente, es un bestial atropello a garantías fundamentales consagradas por la Constitución Nacional. Tan o más grave aún es el proceder del Ministerio Público en esta materia, que, a pesar de lo señalado, toma tales audios como “legales”, mediante rebuscadas interpetaciones de la Carta Magna, imposibles de ser sostenidas ni ante un estudiante de los primeros años de la facultad de derecho. Y para cerrar el círculo de los que actúan con tanta impunidad, a la que paradójicamente dicen estar “combatiendo” los promotores de esta campaña, una parte de la dirigencia política utiliza estos mecanismos ilícitos para alzar el garrote contra sus enemigos, expulsándolos del Senado u obligándolos a renunciar, aunque por el mismo motivo no dicen una sola palabra cuando los nombrados son “chanchos de su mismo chiquero”.
Apenas comenzaron a difundirse los “pinchazos” telefónicos que, inicialmente, tenía como protagonista al senador oficialista Óscar González Daher, entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, sus detractores políticos y los del gobierno comenzaron a frotarse las manos, para luego, a la velocidad del rayo, convocar a una sesión extraordinaria y retirarle la investidura; o sea, echarlo.
Al igual que ABC y sus brazos ejectutores en la Fiscalía, una mayoría de senadores consideró los audios en cuestión como “pruebas suficientes” para adoptar la drástica medida, que sienta un precedente institucional merced el cual, mañana, otra mayoría circunstancial de 23 legisladores puede expulsar del seno de la Cámara Alta a cualquiera, sin que antes se produjeran pruebas legales en contra del expulsado y menos una condena por parte de la Justicia.
Esos mismos senadores, “inflexibles defensores de la honestadidad”, pocos días despujés tomaron una decisión distinta ante un hecho similar, por no decir idéntico. En efecto, en las comunicaciones interceptadas, cuyo origen hasta ahora se desconoce, también se escuchaba al senador Jorge Oviedo Matto, pero a éste “le perdonaron” y, en lugar de echarle, se limitaron a aceptar su renuncia, “para evitarle el escarnio”.
Antes de dos semanas, el afectado por la escuchas ilegales que se difundían fue el diputado liberal Carlos Portillo, informando a una contadora del Alto Paraná de las “negociaciones” realizadas con magistrados sobre un caso que a esta le afecta y acordando dónde retirar ciertas sumas de dinero, presuntamente a cambio de su “gestión”. Con él no se recurrió a sanción alguna. Solo se procedió a retirarle los fueros, para ser sometido a una investigación.
Pero ahí no termina esta historia. También se publicaron “pinchazos” de conversaciones mantenidas entre el senador Adlfo Ferreiro y el hoy encarcelado exsecretario del JEM, Raúl Fernández Lippman, así como con González Daher, solicitando “referencias” de un juez, que de acuerdo a lo que concluyeron, sería “hablable”. El legislador, sin embargo, ni siquiera es mencionado al pasar por sus colegas, quienes, como Desirée Masi, Luis Alberto Wagner y otros, parecen aplicar el viejo precepto del stronismo, según el cual “para los enemigos guacha, para los amigos todo, para los tibios la ley”.
Como podrá observarse, estamos ante un escenario en el cual algunos medios de prensa, con ABC color a la cabeza, agentes del Ministerio Público y sectores de la dirigencia política, se reatroalimentan constantemente en el cometido que comparten de violar impúnemente la Constitución y las leyes.
¿Y el proclamado combate a la corrupción y la impunidad? Bien, gracias. Es solo una parodia, en cuyo real trasfondo no encontraremos más que vendettas políticas y personales, combinadas con maniobras puramente electoralistas.