ADN Digital
En su editorial de la víspera, ABC color cree haber descubierto la pólvora al denunciar a la Dirección Nacional de Aduanas, aunque sin pruebas, de ser un “antro de corrupción desenfrenada”. ¡Toda una “primicia”!, seguramente fruto de una “ardua y prolongada investigación”. Pero unas líneas más abajo se entiende cuál es el móvil político de la novedosa “revelación”: cargar contra los supuestos responsables del hecho, empezando por la ministra de Hacienda Lea Giménez, cuya buena imagen le augura una larga vida en la función pública y, sobre todo, contra el extitular de dicha Cartera, Santiago Peña, al cual debe atacar por la razón que fuere con el fin de debilitar su candidatura.
Sin embargo, nada de esto genera consecuencias prácticas. No es la primera vez, ni la última, que el medio en cuestión hace “alharaca” de algo para presentarse como la supuesta reserva moral de la patria, cuando sabemos muy bien que es exactamente lo opuesto. Lo que sí debe llamarnos la atención es la conclusión a la que arriba, siempre fue de la ley, siempre incitando a la violencia, ahora bajo el ropaje de los llamados “escraches públicos” a tal o cual funcionario.
Con semejante línea editorial, ABC deja al desnudo su desinterés e incapacidad para plantear verdaderas salidas de fondo a este flagelo que afecta no solo a dicha repartición, ni únicamente a dependencias del Ejecutivo, sino a todos los poderes del Estado y también al sector privado, entre cuyos exponentes se encuentra el propio Aldo Zuccolillo, que amasó una inmensa fortuna por medio de apropiaciones ilícitas y el rastrero método del chantaje.
En la extensa perorata de crucifixión a Peña, afirma que “sus repugnantes partidarios nada tendrían que temer si él llegara al Palacio de López”, como si fuera, sin convalidar dicha afirmación, que “tiemblan” de solo pensar en la eventual presidencia de un atorrante que disfruta de la herencia mal habida dejada por su padre, como Marito, o del artífice de las rutas de la mentira, como Efraín Alegre.
Hablemos en serio. Si bien es inobjetable los avances logrados en materia de transparencia en la gestión pública, algo que a muchos produce gran nerviosismo, también lo es que sonados casos de corrupción quedan en el vulgar oparei y sus protagonistas impunes, como lo atestigua Rafael Filizzola al pasear, libre, por las calles.
Los bandidos se juegan a la extinción de la causa que se les sigue y, con la complicidad de magistrados y fiscales, terminan burlando a la Justicia. En consecuencia, tenemos dos grandes problemas por superar. La corrupción, como mal endémico que data de tiempos inmemorables, más precisamente desde la dictadura de Alfredo Stroessner, y una administración judicial podrida hasta los huesos.
Felizmente los vientos regionales soplan en contra de estas plagas que nos azotan, con mucha fuerza en Brasil, al igual que en la Argentina, si bien con menor intensidad.
Montados en este hecho, podemos y debemos avanzar hacia una auténtica reforma del Poder Judicial, incorporando todos los cambios que para el efecto sean necesarios en la Constitución Nacional, comenzando por los mecanismos de selección (y destitución) de los jueces y agentes del Ministerio Público, en los que la llamada “clase política” ejerce una influencia nefasta. Pero como esto será fruto de un proceso, hoy urge que promovamos con todas nuestras energías la adopción de medidas legislativas, incluso de rango constitucional, para declarar imprescriptibles los delitos económicos cometidos contra el Estado, elevándolos a la categoría de “crímenes de lesa patria”, para que los bandidos sepan muy bien que aunque se escuden en fueros o cuenten con la “ayuda” de jueces venales, es cuestión de tiempo para que respondan por sus fechorías.
Los que de verdad queremos combatir la corrupción y liberarnos efectivamente de la impunidad debemos caminar en esa dirección. Los que no, como “Acero” Zuccolillo y otros, seguramente se limitarán a hacer ruido y organizar “escraches”.