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La narcopolítica sufrió un revés

Hay ocasiones en las que, equivocarse, aunque parezca un contrasentido, termina siendo un verdadero alivio. Cuando todo parecía indicar que el diputado (“con permiso”) Ulises Quintana lograría salir de Viñas Cué y acogerse a medidas alternativas a la prisión, dada la fortísima y vergonzosa presión de Colorado Añetete sobre la Justicia, el juez Humberto Otazú dijo NO, alejando así el peligro de un terrible precedente en beneficio de políticos vinculados al narcotráfico. El error del pronóstico, en este caso, se convirtió así en motivo de alegría.

El hombre fue literalmente “pillado con las manos en la masa”, teniendo en su poder un vehículo de alta gama perteneciente a Reinaldo “Cucho” Cabaña, acusado de liderar una banda de traficantes de drogas en Ciudad del Este y desapareció de la escena por 24 horas, para decir luego que “la estaba probando con opción de compra”. Después saltaron audios de conversaciones mantenidas entre el legislador y el presunto jefe “narco”, constándose además su intervención para liberar a un secretario de éste, que había sido detenido con una importante suma de dinero que sería destinado a la compra de cocaína, según las investigaciones. Y cada vez que Quintana intentó justificar la relación con “Cucho”, no hizo más que embarrar aún más su comprometida situación.

Sin embargo, sus colegas de movimiento, encabezados nada menos que por la líder de la bancada añetete de Diputados, Jazmín Narváez, emprendieron una campaña exigiendo que lo liberen, calificándolo de “preso político”. Seguidores de dicha corriente atacaron ferozmente a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a la que acusaron de perseguir a Quintana por orden de Javier Zacarías Irún y reclaman su destitución vía juicio político. Y como “broche de oro”, ya lanzaron en Ciudad del Este la desfachatada campaña “Quintana Intendente”.

Primero, resulta una grave contradicción que el propio oficialismo denuncia la supuesta existencia de… “presos políticos”. Un disparate mayúsculo que solo los deja en el ridículo. Segundo, no es la fiscal general quien “retiene” en la cárcel al socio de “Cucho”, sino un juez penal, que nada tiene que ver con Quiñónez. Y tercero, solo en la mente confusa de un desesperado puede caber responsabilizar a Zacarías de instrumentar la Justicia en su contra, siendo que esa misma Justicia es la que lo tiene en la mira desde hace ya varios meses.

La pregunta es, ¿por qué el movimiento añetete asume de manera abierta, sin disimulo, la defensa de Quintana? La verdad, no hay explicación razonable para cargar con semejante mochila y pagar el elevado costo que de ello se deriva, salvo que haya algo de verdad en lo declarado por el abogado de Cabañas, Marcial Valdez, a comienzos de diciembre pasado.

El profesional criticó entonces al presidente Abdo Benítez por “mal agradecido” y afirmó que su cliente aportó más de 500.000 dólares a la campaña presidencial. Tales afirmaciones nunca fueron objeto de investigación, a pesar de existir el antecedente de aquella “curiosa” foto de Cabaña en el quincho de la casa de Marito, a quien habría accedido por intermedio de… Ulises.

Conclusión, después de dicho episodio, “Cucho” fue trasladado a la penitenciaría de Tacumbú, como había solicitado y, a partir de entonces, el siguiente objetivo fue liberar a Quintana.

Esta vez, en contra de la previsión de muchos, no lo lograron, pero con certeza seguirán intentando. Son muchos los capítulos oscuros de esta historia y otros tantos que desconocemos, pero que, una vez más, tiene como actores a figuras de nuestra política, incluyendo a las del más alto nivel.

El “caso Quintana” es una de las manifestaciones de la narcopolítica en nuestro país, de su presencia en las instituciones y del descaro con el cual están dispuestos a actuar algunos dirigentes, como la diputada Narváez, para que finalmente quede impune y no se aclaren los entretelones que rodean la tenebrosa trama.

De nosotros, como sociedad, depende que no lo consigan.

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