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“La Policía Nacional tiene una estructura muy compleja y corrupta”, afirma criminólogo

ASUNCIÓN. “La Policía Nacional tiene una estructura muy compleja y corrupta. Y la inseguridad no es democrática, no nos afecta a todos por igual. Tenemos una delincuencia organizada que no es alcanzada por el sistema penitenciario, sostuvo el abogado Juan Martens, experto en criminología.

Sus expresiones se dieron durante una entrevista con comunicadores de la 1080 AM, ocasión en la Martens repitió uno de los conceptos básicos asociado a la legitimidad del instituto rector de la sociedad: “La responsabilidad es del Estado en garantizar la seguridad”.

Sin embargo, aseguró que un combate efectivo a la inseguridad implica un trabajo coordinado de varias instituciones, sin dejar de mencionar que también la lucha contra esta inseguridad demanda una cuantiosa inversión.

“Hay una industria del control del miedo. Son aproximadamente 1.300 millones que se gasta en seguridad. Y no podemos seguir teniendo a condenados y prevenidos (personas con prisión preventiva) de manera conjunta, hay que separarlos”, afirmó.

Igualmente, reconoció que hay factores de riesgo que empujan al delito, apuntando que en el otro extremo “nuestro sistema penitenciario crea delincuentes”.

“Por eso tenemos que tratar de tener la certeza del castigo. El Estado tiene que tener un programa de reintegración social. El Poder Judicial, la Policía Nacional deben trabajar de manera coordinada”, añadió.

Además, se refirió a que el 80% de las personas privadas de libertad no tiene una condena firme y que del total de los encarcelados, actualmente, entre 4.000 y 5.000 personas “son parte del Clan Rotela”, un grupo al que se le atribuye el control del microtráfico.

“Y una vez que salgan… ¿qué políticas tenemos para reintegrarlos? Sin olvidar que el perfil criminológico de las personas que están en la cárcel de Tacumbú, por ejemplo, es por violencia predatorio”, advirtió.

El recrudecimiento en las últimas semanas de robos y asaltos, callejeros y domiciliarios, algunos con resultado de muerte, generó una fuerte demanda social al Gobierno, principalmente exigiendo el cambio del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, al que se lo sindica como incapaz de encargarse de la seguridad interna del país.

Sin embargo, el Gobierno Mario Abdo lo confirmó en el cargo y, a cambio, autorizó una barrida de la cúpula policial de la Subcomandancia hacia abajo.

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