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Cuando faltan dos semanas para las elecciones mexicanas, la violencia se adueñó definitivamente de la campaña y alcanzó niveles sin precedente en la historia moderna del país, con 114 dirigentes asesinados a manos de sicarios profesionales del crimen organizado, y al menos otros 132 políticos de distintos partidos bajo amenaza de muerte.
CIUDAD DE MÉXICO.- Con la ejecución a sangre fría de un candidato a diputado del estado de Michoacán, durante un acto de campaña, el conteo se elevó el jueves a 114, de los cuales 43 eran candidatos y precandidatos, y otros 71 eran dirigentes de distintos partidos con cargos en alcaldías o legislaturas.
La consultora de seguridad Etellekt, de Ciudad de México, que compila el número de crímenes vinculados con la política, registró además 413 agresiones a candidatos desde el comienzo del proceso electoral, en septiembre de 2017. Todos estos casos de violencia tuvieron lugar en 268 municipios del país, más del 10% del total.
El último ajusticiado a manos de las bandas criminales fue el candidato a la alcaldía de Taretan, en Michoacán, Alejandro Chávez Zavala, que pertenecía a una coalición liderada por el opositor Partido Acción Nacional (PAN), baleado en la calle y fallecido mientras lo atendían en el hospital con heridas de gravedad.
El Instituto Electoral de Michoacán, declaró que la muerte de Chávez representa “un golpe directo a la democracia”. “No podemos menos que alzar la voz de nuevo para que entre todos podamos generar las condiciones necesarias de seguridad y estabilidad en el presente proceso electoral”, indicó.
El asesinato de Chávez sucedió después de la desaparición de Ismael Aguirre Rodríguez, candidato a la alcaldía en Nadadores, una localidad en el norteño estado de Coahuila. Aguirre desapareció el martes a plena luz del día, después de salir de su casa a comprar bebidas.
Y la semana pasada Fernando Purón, candidato a diputado del oficialista PRI, murió también en Coahuila de un balazo a quemarropa en la cabeza cuando se estaba sacando una foto con seguidores, en la calle, tras participar en un debate de campaña en la localidad fronteriza de Piedras Negras.
Purón era enemigo declarado de Los Zetas, la mayor organización criminal de la ciudad. En sus discursos, el aspirante a diputado había prometido plantar cara al crimen organizado, que denunciaba como una de las mayores lacras del país. El político había recibido numerosas amenazas de muerte y siempre iba acompañado de guardaespaldas.
Organizaciones civiles se reunieron el viernes en el emblemático Monumento al Ángel de la Independencia de la capital mexicana, para lanzar un llamado a frenar los asesinatos que tiñeron de rojo el proceso electoral como nunca.
Las elecciones del 1° de julio próximo decidirán los cargos a presidente, 500 diputados federales, 128 senadores y nueve gobernadores, además de cientos de alcaldes, muchos bajo presión directa de los grupos del narcotráfico.
El PRI se hunde lastrado por la corrupción y la violencia
Cuando asumió, Enrique Peña Nieto dijo ser la nueva cara del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presidente mexicano prometió un gobierno libre de los vicios del pasado. Era 2012 y el partido que había mandado en México por 70 años hacía su retorno triunfal. Pero el momento de gloria fue más bien efímero. Seis años después y cuando faltan 15 días para las elecciones presidenciales, el PRI se hunde lastrado por los escándalos de corrupción, el aumento de la violencia y la impunidad crónica.
Poco pudo hacer José Antonio Meade, candidato del PRI, para salir indemne de la imagen de su partido. Hace tiempo que el tecnócrata se enquistó en un lejano tercer puesto en las encuestas, que encabeza con un cómodo 39% el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, seguido por el derechista Ricardo Anaya con el 27%.
Meade, que no militó en el PRI, fue una pieza que desde el principio no encajó en el aceitado engranaje del partido. El exministro de Hacienda de Peña Nieto fue elegido a través de la vieja práctica del “dedazo” (en donde el presidente escoge directamente al candidato oficialista) por ser alguien que no estaba vinculado con casos de corrupción, al menos en términos públicos. Pero el desprestigio de la formación pesó más que su imagen de honesto.
Durante el gobierno de Peña Nieto, 22 gobernadores del PRI fueron investigados por desvío de fondos federales; 2017 pasará a la historia de México como el año con más exgobernadores en prisión (siete), señalados por delitos como corrupción, desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta nexos con grupos narco. No es un detalle que la mayoría sean del PRI.
