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La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se convirtió últimamente en blanco predilecto de cuantos políticos y medios de prensa se ubican en la vereda de la oposición, con el inocultable objetivo de asestarle un golpe al presidente de la República, en su condición de Comandante en Jefe. Desde luego que tanto dicho organismo, como cualquier otro, puede ser objeto de críticas, pero no es el caso. Lo que pretenden aquellos que disparan en su contra es directamente su disolución, sin proponer alternativa alguna para hacer combatir la inseguridad existente en el Norte. Entonces cabe que nos preguntemos, ¿Quiénes serían los beneficiados con la retirada de los efectivos militares y policiales destacados en dicha región? Y la respuesta es más que obvia: las mafias de todos los pelajes, desde el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hasta el narcotráfico, rama más sanguinaria del crimen organizado, los cuales gozarían de un “territorio liberado” para operar con toda la tranquilidad del mundo, como lo hacían en el pasado.
El nivel de irresponsabilidad con el que se maneja un tema tan sensible como éste, de primer orden para la seguridad nacional, es directamente escandaloso. Un exobispo, como Fernando Lugo, exmédicos, como Desirée Masi y Carlos Filizzola y hasta algunos periodistas, todos ellos muy malos en sus respectivos oficios, se convirtieron repentinamente en “analistas militares”, pero sin tener la más pálida idea del tema que tan “sesudamente” creen “analizar”. Parten del final de la historia, afirmando que los resultados de la FTC son nulos e, inmediatamente, concluyen con toda ligereza que “hay que liquidarla”.
Eso sí, son tan democráticos, que están propiciando dos audiencias públicas en la zona de operaciones para “escuchar la voz del pueblo”. Un verdadero disparate, porque las cuestiones que hacen a la seguridad del Estado no pueden ser debatidas al estilo de las asambleas universitarias, en las que ellos sí tienen experiencia y porque los pobladores, el ciudadano común y silvestre, no asistirá a encuentros de ese tipo para no exponerse innecesariamente a alguna represalia, sino los activistas políticos y sociales, muchos de ellos interesadísimos en despejarle el camino a los grupos mafiosos.
Recordemos algo que prefieren omitir los promotores de la “desmilitarización”. Antes de que la Fuerza se instalara en aquella región, lo que se vivía en ella era el “florecimiento” del narcotráfico, de las plantaciones de marihuana y el tráfico de ésta y otras drogas a gran escala, con absoluta impunidad. Es pues entendible que su presencia sea objeto de malestar, pero no de los lugareños que trabajan honestamente, sino de los bandidos.
Dicho esto, la situación de la FTC debe ser objeto de una evaluación por parte de los organismos competentes, de la que no estaría mal que participen exponentes del Congreso, para que, con la seriedad que amerita el caso, se revisen aquellos aspectos que se consideren necesarios. Por ejemplo, lo expuesto por el General (SR), Ramón Benítez, excomandante de la Fuerza de Tarea, acerca de que los comandantes del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía carecen de una estrategia común y hacen cada uno “lo suyo”. Si eso fuera cierto, lo que por cierto debió haber planteado cuando era el responsable de las operaciones, es algo que debe ser corregido, del mismo modo que los insuficientes recursos destinados a las labores de “inteligencia”, que en la actualidad serían de tan solo G. 20 millones.
De lo que se trata, por tanto, es de identificar los problemas que existan en la FTC y avocarse a la búsqueda de soluciones, pero de ningún modo entregar en bandejas a la delincuencia una zona del territorio y privarles a nuestros compatriotas del Norte de la presencia de los órganos de seguridad, lo que les condenaría a un estado de completa indefensión.
Al decir de Horacio Galeano Perrone, analista militar sin comillas,esto último “sería una locura”, a lo que nosotros añadimos, excepto para “los Corleone”, que ante la sola posibilidad ya se frotan las manos.