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Somos un país petróleo-dependiente y, en consecuencia, los valores que pagamos por los combustibles están sujetos a los vaivenes de la cotización internacional del crudo, así como a las fluctuaciones del dólar, que vienen registrando un alza sostenida desde hace varios meses. El ajuste no está pues en discusión, pero sí el porcentaje de los incrementos establecidos por Petropar que, en los hechos, significa un golpe feroz a sus propios operadores en el mercado minorista (más de 120 estaciones de servicio) y a los consumidores, los cuales volveremos a estar sometidos a las arbitrariedades de los emblemas privados, lanzados a reconstruir aceleradamente el oligopolio que había desmontado el gobierno de Horacio Cartes.
Con los aumentos dispuestos por la petrolera estatal, sin las formalidades de una reunión previa del equipo económico, ni del decreto que el Ejecutivo acostumbra emitir en estas ocasiones, los precios de sus productos se nivelan al de la mayoría de los que ofertan los emblemas privados e inclusive se ubican por encima de algunos de ellos, perdiendo así toda competitividad, así como su condición de regular los precios a los voraces componentes del “cartel de los combustibles”.
El incremento del gas de consumo familiar fue casi del 20%, tres veces más que el de las naftas y el gasoil, sin mediar explicación alguna de Patricia Samudio, titular de Petropar, como tampoco de Industria y Comercio, ni de otras autoridades del ramo. No hubo siquiera un intento de justificar semejante decisión, que representa un golpazo para los más humildes, además de un atropello a la razón, ya que nadie se “tragaría” el cuento de que los “pobres” miembros de la Capagas absorbían tantas pérdidas desde hace tanto tiempo, sin ningún inconveniente.
El retroceso en este campo salta a la vista. Los emblemas privados y la Cámara de Gas tuvieron por décadas el manejo oligopólico del lucrativo negocio. Fijaban los precios a su gusto y paladar, siempre hacia arriba, claro, pisoteando despiadadamente el derecho de los consumidores. Pero esto había cambiado con el gobierno de HC. Petropar se convirtió a partir de entonces en competencia del “cartel”, primero ofreciendo sus naftas a menor costo y mayor calidad, para luego hacer lo propio con el gas licuado de petróleo, que se redujo a 5.000 guaraníes el kilo. Y cuando la coyuntura internacional lo permitió, por la caída del petróleo, redujo sus tarifas, no en una, sino en varias oportunidades, lo que hasta entonces jamás ocurrió, haciendo que también disminuyan los precios del transporte público.
Durante la anterior administración la petrolera habilitó, alianza público-privada de por medio, más de 120 bocas de expendio en todo el país y ejecutó una campaña denominada “Ñande Gas”, distribuyendo en los barrios más populosos este producto de primerísima necesidad. Y no lo hizo apelando a políticas de subsidio, sino a costos que le permitían un margen razonable de ganancias, sin abusar de los consumidores, como lo demuestra el hecho de que la institución produjo en poco más de 4 años un saldo favorable superior a los 50 millones de dólares.
Todo eso se está arrojando ahora al basurero. Los empresarios, que invirtieron mucho dinero en la instalación de estaciones de servicios con el emblema estatal, están alarmados ante el riesgo cierto de no recuperar el capital invertido. Los más de 3.000 trabajadores, que se incorporaron a dicha actividad, ante la incertidumbre de si perderán o no sus empleos. Y los consumidores, atados otra vez de pies y manos, no tendrán más opción que someterse al arbitrio de Petrobras/Copetrol y otras firmas que acaparan gran parte del mercado.
Hasta hace unos días, los paraguayos contábamos con una petrolera que le había puesto freno a los emblemas privados y estaba en franco proceso de expansión, para alivio de la ciudadanía. Hoy, sin embargo, se invirtieron las cosas y quienes celebran lo dispuesto por Petropar son precisamente los que antes atropellaban discrecionalmente nuestros derechos.
Esperemos que el proceso se revierta, aunque parece difícil, en cuyo caso, en lo que respecta a este tema, confirmaríamos que estamos ante el gobierno de los emblemas, no “de la gente”.