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Aunque sea a regañadientes, el Senado tiene la obligación de aprobar el crédito de 200 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Obras Públicas Comunicaciones (MOPC), para seguir financiando los proyectos viales que están en plena ejecución. Es lo que corresponde, pues de esa decisión depende no solo la continuidad de emprendimientos que son de fundamental importancia para el país, sino también el empleo de 50.000 obreros que trabajan en ellos y de otros 100.000 que les proveen bienes y servicios. Sin embargo, la mayoría que hoy controla la Cámara Alta, compuesta por la disidencia de la ANR y la oposición, sigue postergando la definición sobre este tema de enorme trascendencia para tantas familias paraguayas y para la economía en su conjunto, motivada por un mezquino cálculo político de fuerte tufo electoralista y marcado tinte antigubernamental.
El titular de la Comisión de Obras del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, intentó justificar la inexplicable dilación diciendo que él y sus colegas “quieren ser serios”, por lo que habían solicitado una serie de datos a la cartera de Estado sobre el destino que tendrá el préstamo, lo cual fue cumplido a cabalidad por el Ejecutivo, que remitió hace más de dos semanas un nuevo proyecto en el que detalla cómo se aplicarán dichos fondos. Pero a pesar de eso, la Comisión de Hacienda del cuerpo legislativo, presidida por la senadora Desirée Masi, ni siquiera se dignó a iniciar el estudio pertinente y anunció que, recién para la próxima semana, convocará al ministro de Obras, Ramón Jiménez, para evacuar las consultas que fueran necesarias.
Mientras, el nerviosismo se apodera con fundadas razones de las Cámaras viales, las cuales, tal vez por primera vez en la historia, se hallan adelantadas en su cronograma de trabajo; logro que se vería frustrado y se convertiría en su opuesto, es decir en un rotundo fracaso, si los senadores no dan pronto su visto bueno para que el organismo financiero desembolse el empréstito.
Para el presidente de la Cámara Paraguaya de la Vivienda e Infraestructura (CAPAVI), arquitecto Julio Mendoza, “sería criminal” no sancionar la ley antes de fin de año, dado el terrible impacto social que esto tendría en miles de familias paraguayas, y el golpe brutal que significaría para la estabilidad de la economía. “Son 130 obras las que están amenazadas con el paro definitivo y decenas de miles de trabajadores los que quedarán sin sueldo ni aguinaldo”, dijo sin ocultar su preocupación.
Por su parte, Emilio Gill, directivo de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) reivindicó la importancia del debate político a la hora de tratar un proyecto de esta naturaleza, “pero no usarlo para castigar a otros grupos políticos o al gobierno que está administrando en este momento los bienes y estos recursos, con intenciones de perjudicarlo”.
Y a estos se sumaron dirigentes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y dirigentes de Centrales Obreras, quienes, al igual que las empresas viales, ponen de relieve la defensa de los puestos de trabajo y el desarrollo de obras que son vitales para el desarrollo del país, lo que no tendría que tener la resistencia de ninguna fuerza política, como desgraciadamente viene sucediendo desde hace largo tiempo. El titular del gremio empresarial, Eduardo Felippo, dijo que cualquier duda sobre el uso del dinero se resuelve ejerciendo control sobre la aplicación de los fondos, para lo cual existen los organismos pertinentes, en tanto que el presidente de la CUT, Aldo Snead, resaltó que “un grupo de senadores está haciendo lo mismo que con el tema del Salario Mínimo, que es trancar todo por razones estrictamente políticas, lo que no vamos a permitir”.
Y así podríamos seguir con los ejemplos de quienes, en forma casi unánime, consideran urgente que el Senado apruebe con urgencia el crédito.
Los Senadores ya no tienen excusas para proseguir con las dilaciones. O escuchan el reclamo generalizado y legislan en función a los intereses nacionales, o bien, siguen poniendo obstáculos al desarrollo y al bienestar de millares de paraguayos, lo que les producirá un alto costo político y la garantía de no pocos conflictos.
Esperemos que reine la sensatez, al menos en esta ocasión, y opten por lo primero.