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ASUNCIÓN. Varios son los personajes cuestionados que se salvaron durante el año pasado de pagar sus cuentas con la Justicia. En el Parlamento, el caso que generó el inicio del proceso de reglamentación de la pérdida de investidura es el del diputado liberal Carlos Portillo, aunque la inacción fiscal fue evidente en el caso del presidente de la Cámara, el abdista Miguel Cuevas.
Cuando un grupo de diputados solicitó a la mesa directiva que se trate la pérdida de investidura de Portillo, toda la maquinaria de las bancadas mayoritarias se puso en acción para evitar la caída de uno de los suyos, no porque fuera importante, sino por la intuición de que, detrás de él, vendrían otros.
Eso fue en setiembre, y el argumento utilizado para evitar el juicio al liberal, imputado por la Fiscalía por tráfico de influencias, fue que no existía una ley reglamentaria de la pérdida de investidura, por lo que no se lo podía someter al proceso. De hecho, la ley existía, pero fue sancionada en el período pasado y derogada al iniciarse éste, sin haber sido aplicada nunca.
Así que a partir de allí empezaron las dilaciones; primero, se decidió formar una comisión especial que consulte a juristas y elabore un proyecto de Ley que luego sería tratado en plenaria. A pesar de que este equipo terminó su trabajo en tiempo y forma, el presidente de la cámara postergó una y otra semana el tratamiento del tema. Cuando, por fin, se trató, el proyecto aprobado fue mucho más de autoblindaje que la ley derogada, y ante la reacción de los medios y la ciudadanía, la cámara debió retroceder y aprobar un texto mucho más lógico y aceptable.
Aun así, las constantes actitudes dilatorias de Cuevas, y luego la postergación del tema en el Senado, hizo posible que Portillo terminara el período legislativo del año pasado en uso de sus plenas facultades como diputado, algo inaudito para alguien que está en la picota desde hace varios meses. La diferencia entre el liberal y el colorado José María Ibáñez es que este último no pudo resistir la presión ciudadana y decidió renunciar a su banca; sin embargo, a Portillo no le sacan el sueño ni la ciudadanía ni sus propios colegas, que ya pidieron su cabeza. A él le interesa seguir siendo diputado, suponemos que para seguir haciendo sus tan beneficiosos negocios.
Otros que siguen con todo su poder a pesar de las graves denuncias en su contra son el mismo Cuevas, quien está investigado por enriquecimiento ilícito, así que si la Fiscalía decide imputarlo, también tendrá que guardar prisión preventiva; además del senador trucho Rodolfo Friedmann, también investigado, con una llamativa lentitud, por varios delitos presuntamente cometidos cuando era gobernador de Guairá.
Esperemos que en el 2019 la Fiscalía actúe con firmeza en ambos casos, además de otros, entre ellos, algunos que involucran a integrantes del gabinete de gobierno, en donde la apatía ha sido la tónica fundamental, hasta ahora.
