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Una decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil podría liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en cuestión de días. Varios jueces del TSJ, ya han dejado en claro que quieren revocar una decisión de 2016 que permitió encarcelar a acusados una vez que sus condenas fueron confirmadas tras una primera apelación, la única razón por la que varios políticos y empresarios están actualmente tras las rejas.
BRASILIA.- Los críticos consideran que la decisión niega a los acusados el derecho constitucional de agotar todas las instancias del proceso de apelaciones antes de ser detenidos. El juez del Tribunal Superior Marco Aurelio Mello, decidirá esta semana si eleva al pleno del TSJ una moción contra el fallo de 2016.
Sin embargo, referentes de la lucha anticorrupción en Brasil, incluido el juez Sergio Moro que ordenó el arresto de Lula, dijeron que cambiar la decisión dañaría seriamente su cruzada contra la deshonestidad.
Revertir la decisión implicaría no sólo la libertad del exjefe de Estado, quien lidera los sondeos de intención de voto para la elección presidencial de octubre, sino de muchos otros políticos y empresarios condenados por sobornos.
Otras figuras políticas, como el propio presidente Michel Temer, que enfrentan juicios por cohechos o están siendo investigados, también se beneficiarían del cambio si finalmente son hallados culpables.
La decisión del tribunal superior de hace dos años “expresaba la idea de que la impunidad y la corrupción van de la mano”, dijo Moro vía correo electrónico. “Tengo la enorme esperanza de que la Corte Suprema no revierta su precedente”, añadió.
Antes del dictamen del 2016, los criminales de guante blanco con suficiente fortuna para pagar abogados podían presentar un sinfín de apelaciones y mantenerse en libertad hasta que sus casos agotaban el extenso y complejo sistema legal brasileño.
El juez Sergio Moro, encabezó la investigación por corrupción “Lavado de Autos”, condenando a más de 120 personas, incluido el exmandatario. La pesquisa de cuatro años se centra en constructoras que pagaron miles de millones de dólares en sobornos a políticos y exdirectivos de compañías bajo control estatal a cambio de contratos con Petrobras y otras firmas.
Lula, de 72 años, fue sentenciado a más de 12 años de cárcel después de ser hallado culpable de aceptar 3,7 millones de reales (1,1 millón de dólares) en pagos de la compañía de ingeniería OAS SA, cifra que según los fiscales la empresa gastó en remodelar un apartamento en la playa a cambio de ayuda para ganar contratos con Petrobras. El líder del PT, asegura que el inmueble no es suyo y que es inocente.
SIMPATIZANTES DEL EXPRESIDENTE OCUPARON EL DÚPLEX DE GUARUJÁ
Simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva, del Movimiento Sin Techo, ocuparon este lunes por cuatro horas el departamento por el que el expresidente brasileño fue juzgado y condenado recientemente a prisión.
Los seguidores de Lula, preso desde hace 10 días en Curitiba, en el sur de Brasil, colgaron pancartas en apoyo al exjefe de Estado en ventanas y balcones del inmueble de tres pisos ubicado en Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo.
“Es una denuncia de la farsa judicial que llevó a Lula a prisión”, señaló el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos, líder del partido de izquierda PSOL.
“Si el tríplex es de él (Lula), entonces el pueblo está autorizado a quedarse ahí. Si no, tienen que explicar por qué está preso”, reclamó Boulos.
Lula ingresó el 7 de abril a prisión en Curitiba, para empezar a purgar una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción, en un caso que generó un terremoto político en Brasil, ya que el exmandatario (2003-2010) sigue siendo el político más popular del país pese a su condena.
