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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta su peor crisis de gobierno, el lunes anunció la baja de impuestos y suba de salarios, hizo un mea culpa y buscó así desactivar las violentas protestas de los “chalecos amarillos”. Pero no pudo. Ayer, las manifestaciones y los piquetes continuaron a lo largo y ancho del país atizado bajo la noción de que las concesiones del mandatario no son suficientes para calmar la furia y la sensación de injusticia social.
PARÍS.- Algunos manifestantes llamaron a protestar en París este sábado después de tres semanas de violentos choques en la capital francesa y otras ciudades de Francia, empujando a Macron a su peor crisis de gobierno.
Las protestas de los “chalecos amarillos”o gilet jaunes (en alusión a las prendas fluorescentes que deben llevar en los autos los conductores en Francia) comenzaron el 17 de noviembre, como una reacción espontánea en contra de una suba en el precio de los combustibles, en el marco de políticas ecológicas del gobierno. Pero terminaron convirtiéndose en manifestaciones contra lo que se cree son las políticas pro-empresariales de Emmanuel Macron, con excepciones impositivas a los más ricos y haciendo la vida más difícil a clase trabajadora de bajos recursos.
Este martes, los partidos de izquierda en el Parlamento francés anunciaron que presentarán durante la jornada una moción de censura contra el gobierno por su gestión de la crisis de los “chalecos amarillos”y para hacer escuchar sus propias propuestas.
Fuentes del grupo socialista en la Asamblea Nacional confirmaron que la moción busca “hacer oír” su voz y sus “propuestas concretas”.
Las formaciones de izquierda en el Parlamento anunciaron el pasado jueves su intención de presentarla el lunes, pero decidieron esperar al discurso del presidente.
La iniciativa tiene el respaldo de La Francia Insumisa (izquierda radical) y del Partido Comunista, aunque desean que otros grupos se sumen a su iniciativa en la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán votarla al menos 48 horas después de su presentación.
El secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, indicó que han decidido mantenerla porque Macron no fue lo suficientemente lejos y su plan “dividirá a los franceses”, al considerar que “unos van a tener que pagar por otros”.
Su proposición tiene escasas opciones de prosperar debido a la cómoda mayoría absoluta de la que dispone en esa cámara el partido gubernamental, La República En Marcha (LREM), pero según señaló el jueves el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, se lanza para demostrar que “otra vía es posible”.
Las medidas del presidente costarán de 8.000 a 10.000 millones de euros
Las medidas anunciadas la noche del lunes por el presidente francés, Emmanuel Macron, para apagar el descontento de los “chalecos amarillos” tendrán un costo para las arcas públicas de “entre 8.000 y 10.000 millones de euros” (entre 9.100 y 11.400 millones de dólares) y aumentarán el déficit público.
El portavoz del Ejecutivo, Benjamin Griveaux, hizo este martes la primera evaluación sin precisar si esa cifra incluye los 4.000 millones de euros que se dejarán de ingresar por la anulación la semana pasada de la subida de impuestos sobre los combustibles que debía entrar en vigor en enero de 2019.
El ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy, reconoció que “en un primer momento” esas medidas implicarán “un aumento del déficit público” y lo justificó señalando que el objetivo es “que vuelva la paz social”.
Preguntado por periodistas, si eso implica renunciar a los compromisos europeos sobre el déficit, Rugy dijo que hay que tener en cuenta que las cosas cambiaron por la situación en diferentes países europeos, y citó la crisis del ‘brexit’ en el Reino Unido, el Gobierno italiano o el alza de la extrema derecha en Alemania y en España.
“¿Alguien se cree que a nivel europeo se puede hacer como si no ocurriera nada?”, señaló, antes de añadir que habrá que organizar en la Unión Europea “una discusión para tener en cuenta todos esos parámetros”.
Aunque para Rugy, “a largo plazo tenemos que controlar nuestras finanzas públicas”, consideró que “la primera prioridad” no es “ir a discutir a Bruselas, sino ir a discutir con los franceses”.
