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En la última sesión de la Cámara Baja se adoptaron medidas trascendentales, tanto para bien, como para mal. Bien en el caso de la resolución de acabar con los “aguinaldos encubiertos” en la función pública, por más que algunos casos específicos ameriten ser reconsiderados, así como en rechazar la propuesta de eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta, lo cual de haber prosperado hubiera dejado en estado de absoluta indefensión a los compatriotas del Norte. Pero mal, muy mal, al no aprobar el proyecto original de emergencia educativa, a la que ellos mismos habían dado media sanción, y dejar que se sancionara con los cambios hechos en el Senado, donde liquidaron su escencia.
La normativa fue concebida inicialmente para responder con carácter de urgencia a la situación desastroza en la que se encuentran numerosos establecimientos de enseñanza, habilitándole al Ministerio de Educación a realizar contrataciones por la vía de la excepción para darle la mayor celeridad posible a la construcción, mantenimiento y equipamiento de los centros educativos públicos y subvencionados. Esta era la columna vertebral de la iniciativa, pero los senadores recurrieron a los “tijerazos” hasta reducirla a la nada, bajo el rimbobante título de declarar esos temas de “interés nacional”, y punto.
El argumento, o mejor dicho, el pretexto para cercenar el proyecto con tanta alevosía giró en torno a que las contrataciones por la vía de la excepción escaparían a los controles, a diferencia de las licitaciones. En primer lugar es falso, porque para eso están la Contraloría General de la República, la Fiscalía, además de los padres y alumnos que hubieran integrado comisiones para cumplir dicho papel. Pero segundo, si no habrá mayor celeridad, si no se establecen otros mecanismos a los engorrosos y largos procesos licitatorios, ¿Para qué inventar una Ley que no tendrá ninguna consecuencia efecetiva?
La respuesta evidentemente no la hallaremos en el terreno de la lógica, sino en el de la más baja política. El objetivo de los que truncaron una real emergencia educativa no fue otro más que evitar que se “luzcan” Horacio Cartes y también el ministro Riera, porque una solución estructural de esa naturaleza tendría un impacto altamente positivo en la sociedad. En el primero de los casos, por si se diera eventualmente la reelección, lo que le permitiría a HC mostrar más obras de su cosecha; en tanto que en el segundo, por si la reelección definitivamente no corriera y éste, Riera, fuese el candidato del oficialismo.Por eso entraron al juego no solo los legisladores de la oposición, sino también unos cuantos del coloradismo, que tienen en común el “hábito” de sacar de competencia a los adversarios más fuertes, a cualquier costo.
El problema de fondo es que no les “joden” solamente a Cartes y/o Riera. Les perjudican enormente a miles de chicos, muchos de los cuales hoy dan clases bajo árboles, o no tienen sillas, o sus baños son una vergüenza o, peor todavía, corren el riesgo de que el techo se les derrumbe sobre la cabeza.
Por eso resulta indignante el proceder de los senadores y diputados que, basados en calculos políticos mezquinos, propio de mentes estrechas, se conjuraron para llevar a cabo esta maniobra rastrera.