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Quienes defienden la designación de Víctor Ríos como ministro de la Corte Suprema de Justicia afirman que no hay ninguna norma constitucional ni legal que lo prohíba, y tienen razón. Probablemente ni en sus sueños más locos los convencionales hubieran pensado que un integrante del Poder del Estado que tendría a su cargo la elección de los integrantes del máximo tribunal de la República pretendería ocuparlo, convirtiéndose en juez y parte.
Ríos no solamente era senador activo sino que ni siquiera tuvo el buen gusto de pedir permiso para no participar de ninguna manera en el proceso de su selección, y siguió siendo presidente de la Comisión de Legislación, una de las más importantes de la cámara aunque, menos mal, decidió ausentarse durante la votación que lo consagró como ministro.
El rechazo a su nombramiento fue mucho más allá de una simple cuestión ideológica, aunque posiblemente esto haya inspirado a sectores productivos del país, que lo ven como un peligro para la propiedad privada. Es la subversión de la Justicia al poder político, porque por más conocimientos jurídicos que tenga, Ríos fue y seguirá siendo siempre un político, quien llegó a ocupar todos los cargos que pudo a través de la política, específicamente de su militancia en el PLRA.
Dijeron que hubo otros políticos que también llegaron a ser ministros de la Corte, pero ninguno, jamás, ocupaba una banca en una de las cámaras del Congreso durante su designación. Esto es inapelable y nadie puede llegar a discutirlo.
Desde el momento en el que Ríos decidió postularse al cargo ante el Consejo de la Magistratura, todos los demás quedaron sin posibilidades de conseguirlo. De nada sirvieron los méritos académicos ni las audiencias públicas, las cuentas estaban echadas y los poquitos que aún tenían alguna esperanza en la transparencia del proceso quedaron con un palmo de narices.
Es más, si el ahora ex senador se hubiera presentado entre los primeros postulantes, el número de ellos hubiera sido mucho menor a los apenas 18 que concursaron, porque sabían que la terna ya tenía un nombre fijo y los otros 2 solo serían relleno.
Nunca antes se vio tan sometido el poder jurídico al político. Y si se cumplen las sospechas de que lo mismo ocurrirá en pocos meses en el Tribunal Superior de Justicia Electoral con la designación de Enrique Bacchetta, no quedan muchas esperanzas de vida digna para nuestra República.