ADN Digital
A esta altura ya no nos queda claro si los diputados creen que somos todos estúpidos, o si, además de sinvergüenzas, son ellos los estúpidos; por lo menos un amplio sector de la cámara. Además, da la sensación de que hacen como el avestruz y esconden la cabeza bajo tierra, para no ver ni enterarse de nada.
No puede ser que, cuando hay escraches contra los bandidos, los medios se muestran en coincidencia con la necesidad de que haya una limpieza en las cámaras, para que puedan liberase de quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia, ellos hagan exactamente lo contrario a lo que se reclama, y logran blindarse entre todos, constituyendo un bloque macizo e inexpugnable, donde la ley no pueda llegar.
El nuevo proyecto sobre pérdida de investidura es una vergüenza que no tiene nombre. La indignación que genera ese alevoso pito catalán que hicieron los diputados a los reclamos de la gente escandaliza al más pintado. No puede ser que vivan tan alejados de la realidad, que sigan pensando que están guarecidos en su nube y que nada ni nadie puede alcanzarles.
Por lo visto, no les sirvió de nada lo que ocurrió con Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y José María Ibáñez, quienes tuvieron que renunciar ante la evidencia de que la ciudadanía no pensaba dejar de presionar, a las mismas cámaras y a la Justicia, para que los castiguen por la cantidad de delitos por los que eran sospechosos.
Para colmo, están empeorando, ya que ahora no solamente siguen empeñados en protegerse entre ellos, sino que además mienten alevosamente a la gente que les reclama su caradurez. Decidieron recular en su pretensión de poner un fuerte candado a la posibilidad de que alguno de ellos pudiera ser expulsado de la cámara, dando la potestad de juzgamiento al Tribunal Superior de Justicia Electoral, integrado por 3 personas cuestionadas y muy poco confiables.
Pero en lo que sí no retrocedieron fue en el hecho de exigir una sentencia previa para plantear el juicio de pérdida de investidura. El argumento, dado –cuando no- por uno de los principales interesados en que la ley no salga nunca, Miguel Cuevas, es que la pérdida de investidura es un delito, tipificado en el Código Penal, y por lo tanto, cuando la Constitución habla de que el hecho debe estar “fehacientemente comprobado”, exige una sentencia previa.
Mentira. En primer lugar, en 1991, cuando se sancionó la Constitución, el tráfico de influencias todavía no era delito y no estaba tipificado en el Código Penal, por lo tanto, la Carta Magna no podía hablar de sentencia previa para algo que no podía ser juzgado porque no existía como hecho punible.
En segundo lugar, solo en mentes muy retorcidas puede surgir la idea de que “fehacientemente comprobado” es lo mismo que “sentencia previa”. De ninguna manera significan lo mismo, así que la excusa de que, antes de someter a un legislador a la pérdida de investidura se necesita que la Justicia se haya expedido es una mentira alevosa, por donde se la mire. Y una más de las bofetadas que la clase política, que sigue siendo ciega, sorda y muda ante la movilización ciudadana, nos dio en el último tiempo.
Al final, resultó que la ley anterior, que fuera derogada pomposamente por el nuevo Parlamento, era apenas un ensayo inofensivo en comparación con el espantoso documento que están pergeñando los diputados.
La mesa directiva de Diputados miente cuando dice que en el caso de tráfico de influencias se requiere sentencia previa porque es un delito y la Constitución habla de que debe ser “fehacientemente comprobado”. Cuando se sancionó, todavía el tráfico de influencias no era delito, así que es mentira
ehacientemente comprobado NO es sinónimo de condena previa.