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ASUNCIÓN. José Carlos Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero, forma parte del clan de los 3 hermanos que manejan el Departamento de Amambay a su antojo, desde la gobernación, la municipalidad de la capital y una banca en la Cámara de Diputados. A inicios de este año, en mayoría, los concejales municipales aprobaron el pedido de intervención de su administración, luego de que la Contraloría constatara irregularidades por 4 mil millones de guaraníes.

Sin embargo, y a pesar del dictamen favorable de la comisión especial, la Cámara de Diputados decidió postergar “sine die” (sin fecha) la intervención a la administración de Acevedo, primando el criterio de que las denuncias en su contra tenían un tinte político.

Los Acevedo son ampliamente reconocidos por su prepotencia y el intendente no es ninguna excepción, por lo que no resulta raro que los concejales liberales lo denuncien públicamente por los “infundados e inmisericordes ataques a nuestra dignidad y la de nuestra familia”, según un comunicado que dieron a conocer recientemente.

A las denuncias de irregularidades que ya habían presentado con el pedido de intervención, ahora aseguran que 2.500 millones de guaraníes fueron desviados durante la pandemia; sin embargo, los diputados ignoraron toda la documentación.

Los concejales liberales rechazaron la manifestación de los diputados, de que detrás de todo hay una persecución política, sino que “es la culminación de todo un proceso de acompañamiento de la gestión del intendente municipal, durante 4 años”,

“Hemos decidido retirar nuestro apoyo y nuestra confianza al señor intendente municipal para no ser cómplices y encubridores de procesos no muy claros de su administración”, aseguran. Además, repudian el hecho de que en plena pandemia haya “adjudicado a su empresa familiar por la vía de excepción la compra de alimentos a ser distribuidos a familias de sectores vulnerables, por la suma de G. 2.500 millones”.

“Ser del mismo signo político no es instrumento para someter nuestra función delegada por el pueblo y reglada por la Ley Orgánica Municipal, las leyes y la propia Constitución Nacional”, añade el comunicado.