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LIMA. “Que se vayan todos”, fue el grito de indignación que se escuchó en las calles durante las movilizaciones en Lima y las principales ciudades del país exigiendo el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La rabia detrás de ese “que se vayan todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo, convertido en el símbolo más notorio de una clase política embarrada por la corrupción.

El nivel de rechazo al Congreso bordea el 90 por ciento. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien puso en el centro del debate, y de las demandas ciudadanas, el adelanto de elecciones generales, al proponer una ley en ese sentido, medida que tiene 70 por ciento de respaldo. Esa propuesta, la lucha contra la corrupción y su enfrentamiento contra el desacreditado Congreso fujimorista suman a la popularidad de Vizcarra, ajeno a la clase política tradicional, pero deficiencias de gestión, problemas relacionados con la política económica neoliberal y conflictos sociales juegan en su contra. Los sondeos le dan 47 por ciento de apoyo.

En medio de una grave crisis política por los constantes choques entre el Ejecutivo y el Congreso, Vizcarra presentó al Parlamento un proyecto de ley para adelantar un año las elecciones generales, de abril de 2021 al mismo mes de 2020. Argumenta que esa es “la única salida posible” a la crisis política. Esto implica que el presidente, que no irá a la reelección, recorta en un año su mandato presidencial, pero que también debe hacerlo el Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados, entre ellos en primera fila el Partido Aprista del fallecido ex presidente Alan García, que se suicidó en abril pasado acorralado por cargos de corrupción. La mayoría parlamentaria ha reaccionado furiosa en contra de esa posibilidad. La izquierda y sectores de una derecha liberal respaldan el adelanto de elecciones.

Para que las elecciones puedan darse en abril de 2020 la reforma constitucional que lo haga posible debe ser primero aprobada por el Congreso y luego ratificada en un referéndum que debe darse a más tardar en diciembre. Lo segundo se da por descontentado, pero lo primero parece improbable. Y ahí se traba todo. En un escenario poco favorable para aprobar el adelanto de elecciones en el Congreso, el gobierno tiene la carta de pedir al Legislativo un voto de confianza amarrado a la aprobación de esa propuesta, y si el adelanto de elecciones es rechazado y por lo tanto el voto de confianza en esas condiciones negado, el Ejecutivo quedaría constitucionalmente habilitado para cerrar el Parlamento y llamar a elecciones. Ese mecanismo para presionar al Congreso ya le ha dado resultados al gobierno en otros temas. Esta vez, la mayoría parlamentaria, jugada para impedir elecciones adelantadas, amenaza desconocer su eventual cierre y responder con la destitución de Vizcarra. (Con información de Página12)