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El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, entiende que la Contraloría General de la República (CGR) “se excedió en sus funciones al opinar en cuestiones altamente técnicas, de ingeniería, de elevado nivel”. Es en relación a la recomendación del ente contralor de suspender el proceso licitatorio para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, alegando irregularidades. La acción judicial presentada por el MOPC y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) busca una interpretación judicial que determine el alcance de aquellas funciones de la CGR, sostienen.
ASUNCIÓN.- La Contraloría había recomendado cancelar el proceso licitatorio resaltando la omisión del llamado a precalificación por el MOPC y el diseño defectuoso de los pliegos.
La cartera de Estado había recurrido el dictamen, pero el ente contralor no hizo lugar al pedido de reconsideración, sosteniendo que no se agregaron hechos nuevos, según explicó el contralor Enrique García. La CGR había ratificado su postura de cancelar el proceso licitatorio que tiene al consorcio Sacyr-Agunsa (España y Chile) como virtual ganador.
A raíz de esto, la cartera de Estado ahora presenta la acción judicial, a los efectos de que el Tribunal de Cuentas determine el alcance de la competencia que tiene la Contraloría para emitir el dictamen que traba la modernización del aeropuerto internacional, que se encuentra entre los más obsoletos de la región y el mundo; destaca la exposición de motivos del MOPC y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) remitida al Tribunal de Cuentas. “El margen de actuación de la Contraloría General debe enmarcarse estrictamente en las actividades económicas y financieras del Estado”, explica la acción judicial.
“Recurrimos, con la Dinac, a la justicia para que revise la validez y competencia de la contraloría en esto de tomar intervención en temas técnicos, en el caso del APP del aeropuerto, a juicio nuestro la Contraloría se ha excedido en sus competencias al opinar sobre temas de ingeniería, altamente técnicos relacionados a la estructuración de proyectos de Alianza Público Privada”, explicó el ministro. Las competencias a la que refiere Jiménez Gaona “están delimitadas en la propia Constitución Nacional y en su Ley Orgánica N° 276/94”.
El MOPC y la Dinac ratifican la regularidad y la transparencia con que se llevó adelante el proceso de licitación por parte de ambas instituciones, la Secretaría Técnica de Planificación (STP), el Ministerio de Hacienda (MH) y la Procuraduría General de la República.
“Esta situación nos resulta incómoda ver que una Contraloría asumiendo estas funciones y vemos que es una amenaza contra la herramienta APP, y no solo por este proyecto en particular; sino para los proyectos futuros”, apuntó el ministro y agregó “que en la aplicación de las APP se implementa la transparencia y la previsibilidad, que son las exigencias del capital nacional e internacional para arriesgar su inversión”.
