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ASUNCIÓN.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en un comunicado “rechaza y repudia” la nueva serie de falsedades y tergiversaciones de la información propiciada por el diario ABC Color, en sus ediciones impresa y digital del martes 4 de julio de 2017, bajo el título “Empresa acapara contratos en MOPC con hija de accionista como evaluadora”.
El MOPC considera que esta nueva manipulación tiene la clara intención de perjudicar la imagen del Gobierno Nacional y desacreditar la gestión de esta administración.
En el escrito dice que antes esta tergiversación de los hechos se aclara: “El MOPC tiene más de 240 contratos de obras y consultorías en ejecución, de los cuales la empresa Ocho A S.A. participa en 6 emprendimientos, en 2 de ellas consorciada con otras empresas, en una como subcontratista y en 3 de manera individual: Ampliación de las rutas 2 y 7, consorciado con las empresas Sacyr (española) y Mota Engil (portuguesa). Metrobús, como subcontratista de la empresa Mota Engil (portuguesa). Pavimentación asfáltica de la ruta Naranjal-San Cristóbal-ruta 6, consorciada con la empresa Concret Mix (paraguaya), con financiamiento vía Ley 5.074 “De llave en mano)”.
Además en los contratos de “Viaducto de acceso al Comando del Ejército. Pavimentación asfáltica del tramo Vaquería-Ruta 10 Curuguaty, y Señalización vertical de tramos de la red vial nacional”.
Agrega que Antonio Eudes de Oliveira no es accionista ni empleado de la empresa Ocho A S.A., de acuerdo a lo informado por la mencionada constructora, y que es citado por ABC Color.
“El Comité de Evaluación de Ofertas en la licitación para la ampliación de las rutas 2 y 7, vía APP (Alianza Público-Privada), estuvo integrado por el entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña; el viceministro de Obras del MOPC, Juan Manuel Cano; el viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Emiliano Fernández; el director de Asesoría Jurídica del MOPC, Dionisio Mereles; y la directora de Proyectos Estratégicos del MOPC, Claudia Centurión. Ninguno de ellos tiene o tuvo relación de parentesco con oferente alguno”.
Sostiene que “la Ingeniera Jacqueline de Oliveira no fue miembro de la Comisión de Evaluación de Ofertas en la licitación de la ampliación de las rutas 2 y 7. Fue una consultora de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a la que accedió a través de un contrato con la firma Jobs, en el marco del programa de apoyo a la gestión de Recursos Humanos. En su carácter de consultora, participó de actividades relacionadas con el proceso de licitación, pero nunca tuvo responsabilidades de decisión”.
Termina diciendo que el proceso de licitación y adjudicación de la ampliación de las rutas 2 y 7 se realizó bajo estricto cumplimiento de la Ley 5.102/13, de Alianza Público-Privada (APP). El proceso contó con una etapa de precalificación que permitió la participación de 11 empresas. Ninguna empresa precalificada presentó incompatibilidades que hayan impedido su concurso.
