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Primero fue el silencio, como cuando se divulgó la famosa foto del quincho, y después se limitaron a la descalificación del mensajero, pero no a refutar el contenido del mensaje. Tal fue la actitud de voceros del gobierno respecto a lo dicho por el abogado Marcial Valdez, quien ejerce la defensa de Reinaldo “Cucho” Cabaña, presunto jefe de una banda de narcotraficantes y, según el profesional, financista de la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Daniel Centurión, asesor del presidente de la República, ha sido uno de los que, un día después, tuvo a su cargo la tarea de desacreditar a Valdez, al que consideró un “disparatero de poca monta”. El otro fue Juan Ernesto Villamayor, ministro del interior, que invalidó la declaración por provenir de … “un cartista”. Pero ninguno de los dos funcionarios fue capaz de desvirtuar la grave afirmación, ni tampoco dejaron siquiera entrever que Marito estaría dispuesto a ser investigado, lo que resulta grave y preocupante.
Centurión quiso hacerse el “vivo” y dijo, palabras más, palabras menos, que el presidente no puede rebajarse a responder y accionar contra todos los que le calumnian, porque dado el papel que cumple, son muchos los ataques que recibe y seguirá recibiendo en el futuro. O sea, según la corta mirada del asesor, no hay “nada nuevo bajo el sol”, lo sucedido “es algo normal” y, en consecuencia, “no pasa nada”. Pero pasa, y mucho.
No es normal que el abogado de un “capo narco” asegure que su cliente aportó “mucho más que 500.000 dólares” a la campaña presidencial de alguien que, para colmo, resultó electo y hoy maneja las riendas del poder. No lo es en Paraguay, ni en cualquier otra parte del planeta, en donde, con certeza, el revuelo por este tipo de afirmaciones sería equivalente al de un terremoto.
Tampoco es normal que este hecho, terrible por donde se lo mire, tenga como antecedente una foto de ese “narco” con el entonces candidato, ahora presidente, en el quincho de su domicilio particular. Entonces alegaron que “en campaña todos se sacan fotos con los candidatos”, pero, ¿en su propia casa?, ¿ellos dos, solos?
Y, por supuesto, no resulta nada normal que el brazo derecho de Abdo en Alto Paraná, el diputado Ulises Quintana, esté preso justamente por un caso de narcotráfico y que el principal inculpado sea, ¡oh casualidad!, “Cucho”, el cliente del abogado Valdez, quien, en este contexto, no parece tan “disparatado” como sugiere el asesor de Marito.
No podemos dejar pasar el patético “argumento” expuesto por Villamayor, con el fin de restarle importancia al tema en cuestión. ¡Es cartista!, escupió, como si eso fuera relevante. A decir verdad, no importa si una información tan “pesada” como esta es proporcionada por un cartista, luguista, patriaqueridista o de la denominación política que fuere, ni su raza, sus creencias religiosas o sus preferencias sexuales.
Si el oficialismo persiste en esta forma tan ruin de encarar el problema, fracasará de manera estrepitosa. No solo no desactivará la tremenda bomba, sino que, al contrario, terminará instalando en la sociedad la idea de que efectivamente existe relación entre el actual gobierno y el narcotráfico, a pesar de toda la “ayuda” que le presta en esta cuestión la “prensa amiga”, que primero censuró el tema y ahora pone el acento en los mismo que el ministro del interior.
Por supuesto, los aliados del gobierno guardan silencio, incluyendo entre estos a los que se desgañitan ante los micrófonos para denunciar presuntos hechos de corrupción. Ahora se esconden, cobardes, cuando el país más necesita de voces que exijan el total esclarecimiento de los hechos.
En circunstancias como ésta, lo que cabe de parte de un presidente que no tiene los vínculos que se le imputan, es que tome la iniciativa de reclamar al Ministerio Público una investigación profunda y se ponga a su entera disposición.
Si no lo hiciere, las dudas que ya existen se irán convirtiendo en certezas y la actuación de los órganos jurisdiccionales terminará siendo impuesta por la ciudadanía.