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Por tercera vez suspendieron el juicio oral y público en el caso del millonario desvío de dinero por combustible de la Policía Nacional. Esta vez el ex suboficial Roberto Osorio, planteó la recusación de los tres fiscales a cargo de la investigación. El segundo intento se realizó el 13 de noviembre pasado cuando el acusado un día antes cambió de abogado y éste pidió la postergación para interiorizarse de la causa.
ASUNCIÓN.- El escrito de recusación presentado por la defensa manifiesta que la recusación a los fiscales Igor Cáceres, Aldo Cantero y Luis Piñánez se debe a una enemistad manifiesta y falta de objetividad. El procesado alega que los mismos han consentido e impulsado el desarrollo viciado del proceso. No obstante, todo indica que Osorio está recurriendo a chicanerías para evadir a la Justicia.
Igualmente el acusado argumenta que los investigadores violaron el código de procedimiento penales al mantenerlo recluido por seis meses sin contar con ningún elemento que pruebe su implicancia en el hecho, además de utilizar un tipo penal que no correspondía al caso y que no daba lugar al pedido de medidas alternativas.
El expolicía también recusó a todos los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y al fiscal adjunto, a fin de evitar que el Tribunal nombre a otro agente fiscal para continuar con el juicio.
Refieren los antecedentes que Roberto Osorio fue imputado por enriquecimiento ilícito por haber realizado un pedido de unas 186 tarjetas para cupos de combustibles que se utilizaron para fines particulares, incluso para efectivizar la supuesta carga del producto, simulando una transacción.
Esto se ejecutó con complicidad de empleados de las estaciones de servicios que integran el convenio firmado entre la Policía Nacional y Petróleos del Paraguay (Petropar), de acuerdo con las investigaciones. El perjuicio patrimonial que manejan los intervinientes es de G. 1.159.242.441.
El excomandante de la alta institución uniformada, Francisco Alvarenga, también está procesado en el caso. El mismo soporta cargos por lesión de confianza.
