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Las denuncias sobre mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por las gobernaciones y municipalidades no paran. A diario se reciben quejas de los directores de las diferentes instituciones educativas porque el dinero no llega a las escuelas más carenciadas. Mientras el dinero se despilfarra en las instituciones públicas mencionadas, los alumnos siguen dando clases bajo árboles o en locales tan precarios que en cualquier momento podría ocurrir una tragedia. La falta de sillas, pupitres y pizarrones, entre otros, se suma a ese panorama lamentable.
ASUNCIÓN.- Casi no existen informaciones sobre el destino que se le da al 75% del dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Del 100% de los recursos destinados a dicho rubro, y que son más de 360 millones de dólares anuales monto que paga el Brasil al Paraguay por la cesión de la energía de Itaipú, solamente se sabe lo que se hace con el 25%.
Este 25% es lo que se destina a las municipalidades y las gobernaciones y donde todos los días aparecen denuncias de malos manejos por parte de los intendentes y gobernadores de toda la República.
Pero donde están los otros 75% de los recursos destinados al Fonacide. Un 28% es destinado al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura, el mayor porcentaje para el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación que es del 30%. Un 7% es para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), y 10% para la Fundación Nacional para la Salud.
Los principales cómplices de los negociados y robos son la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado. La primera aunque realiza las denuncias, no le hace seguimiento y termina en el famoso “oparei”, mientras que la segunda, no investiga el caso o sencillamente se convierte en arreglos políticos.
CENTRAL, EJEMPLO DE CORRUPCIÓN
Según el informe presentado por Auditoría General del Poder Ejecutivo, el pasado 19 de setiembre, en el Departamento Central, más de la mitad están en rojo en lo que respecta al 2015.Empieza desde la gestión del actual gobernador liberal, Blas Lanzoni, cuyo nombre se baraja en las filas de la oposición como eventual aspirante a la presidencia en el 2018.
Además de Lanzoni, figuran varios municipios, entre ellos Capiatá, Fernando de la Mora, Itá, Itauguá, J. Augusto Saldívar, Lambaré, Mariano Roque Alonso y Limpio. La mayoría de estas comunas estuvieron en manos de los colorados. Muchas cayeron en las elecciones de noviembre del año pasado y están a cargo de otro sector político.
Otro departamento en donde se puede observar una gran cantidad de intendencias en falta corresponde a Alto Paraná. En esta región 13 de 22 comunas tienen observación ante la falta de rendición del dinero público, destinado principalmente a proyectos educativos y para mejorar la infraestructura de las escuelas y colegios.
Mayor control. En abril de este año, el presidente Horacio Cartes había promulgado dos artículos de la ley del Fonacide, en donde se agregan mayores exigencias a los municipios y gobernaciones para recibir nuevos desembolsos por parte de Hacienda.
Muchos de los municipios también presentaron denuncias ante la Fiscalía, entre ellos Guayaybí, Yby Yaú, Lima, San Estanislao, Tacuatí, Yataity del Norte, Atyrá, Juan de Mena, San Bernardino, San José Obrero. También figuran en la lista Coronel Martínez, Juan Manuel Frutos, Yuty, Tavai, Carlos Antonio López, Obligado, Villa Florida, Acahay, Humaitá, Isla Umbú y Laureles.
FISCALÍA CULPA A CONTRALORÍA
El Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, señaló que son pocas las denuncias presentadas por la Contraloría General de la República.
Díaz Verón indicó que tienen más casos de denuncias realizadas por ciudadanos o miembros de Juntas Municipales que las hechas por la Contraloría. Añadió que necesitan más colaboración y coordinación por parte del ente contralor. “Para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en este tipo de casos, necesitamos el apoyo de la Contraloría”, destacó.
Reiteró que no pueden hacer su trabajo en los casos de los fondos del FONACIDE y que necesitan el apoyo de la Contraloría.
