ADN Digital
Uno no puede recurrir a la Justicia para denunciar algo que no existió. Esta es la postura de la Junta de Gobierno, que explica por qué, a una semana, no accionó contra la presunta convención añetete que habría pretendido modificar el estatuto partidario, con el objetivo de evitar que los jóvenes pudieran aspirar a cargos electivos.
Aunque algunos analistas aseguran que, si las autoridades partidarias no judicializan el hecho, esto implicará automáticamente que la convención fue válida, lo cierto es que en este momento no hay nada que denunciar puesto que, para las autoridades partidarias, lo ocurrido el sábado pasado fue una simple reunión de amigos, por lo tanto, mal podría denunciar algo que, sencillamente, no ocurrió.
Claro que en algún momento se va a judicializar, y no precisamente la convención, sino el intento de modificar el estatuto partidario. Para el partido, el estatuto sigue vigente sin modificaciones, es decir que no es necesaria ninguna antigüedad para postularse a algún cargo electivo, lo que da la posibilidad de que los jóvenes puedan hacerlo. Por el contrario, para el oficialismo, sí se modificaron las reglas de juego y ahora se requieren 10 años de antigüedad para pretender ser candidato a presidente o vicepresidente de la República, y 5 años para todos los demás cargos.
El más importante de estos cargos, por su cercanía, es el de intendente. Nadie que no tenga 5 años de militancia partidaria (lo cual es confuso, porque hay gente que tiene 20 años de afiliación y ninguno de militancia) podrá aspirar a competir en las internas para la elección de candidatos a intendentes y concejales municipales de todo el país. Dicen las malas lenguas que la intención de todo esto no es más que cerrar las puertas a Santiago Peña, porque sondeos absolutamente extraoficiales lo señalan como el mejor posicionado para Asunción.
Y ese será el momento de la judicialización. Cuando se presenten todos los precandidatos de los movimientos en pugna y se llegue a la etapa de las impugnaciones, es seguro que Añetete pretenderá impugnar a todos los que no cumplen con el requisito que ellos aseguran haber introducido en el estatuto. Y no va a ser ningún analista o dirigente político el que decida si es o no válido, sino la Justicia, que deberá sentar postura y resolver si la convención del sábado pasado fue válida o no.
Hay diferencias fundamentales entre quienes defienden una y otra postura. En el caso de los oficialistas, ellos defienden con entusiasmo la idea de la convención y la modificación estatutaria, solamente asegurando que todas las irregularidades fueron solamente de forma. La Junta de Gobierno, por el contrario, tiene muy claros los motivos por los cuales no puede, de ninguna manera, considerar que lo realizado una semana atrás fue una convención, legal y autorizada a modificar las normas vigentes, porque no cumplió con lo que dispone precisamente ese estatuto que tanto quieren modificar los añetete.
No se cumplieron las condiciones para la convocatoria, el único órgano que puede habilitar a los convencionales no lo hizo, no se respetó la exigencia de que la Presidencia de la convención sea ejercida por el presidente o vicepresidentes partidarios y ni siquiera se logró la mayoría exigida para modificar el reglamento. Cuestiones claras, contundentes e incuestionables, que de ninguna manera pueden ser consideradas “formalidades nomás” como pretenden los oficialistas.
En algún momento, la Justicia intervendrá en este conflicto, que puede parecer superficial pero que conlleva cuestiones fundamentales y decisivas. Pero no será ahora, porque no es el momento.