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ASUNCIÓN. “La declaración de urgencia (sanitaria) impostergable para la adquisición de insumos o equipos en aras de hacer frente a la Pandemia del COVID-19 no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes en nombre de la Salud”, señaló hoy Arnaldo Giuzzio, quien encabeza la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC) y también es titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Sus declaraciones publicadas en su cuenta en Twitter se dieron casi en paralelo a una entrevista de la autoridad sanitaria, Julio Mazzoleni, quien anunció una cancelación de las licitaciones cuestionadas por el informe de la CESC, pero evitó comentar si a los funcionarios corruptos que impulsaron estos procesos se les aplicará el eslogan “Caiga quien caiga”, pregonado por el presidente Mario Abdo.

“En cumplimiento de la tarea que nos han encomendado a los miembros de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 CESC y a partir de un análisis minucioso de 32 procesos de compra por la vía de la excepción (CVE), hemos puntualizado diferentes observaciones. Entregamos el informe completo con el detalle de observaciones de cada llamado al Ministro Julio Mazzoleni, el cual concluye con nuestra recomendación de anular parte de los llamado por los motivos citados”, publicó también Giuzzio.

El titular de la SENAD resumió el lapidario informe de la CESC en referencia con las presuntas irregularidades en siete puntos: Inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité, incumplimiento de condiciones legales y técnicas del PBC (Pliego de Bases y Condiciones) por lo que no se ajustan a los requerimientos exigidos e inobservancia del art. 40 de la ley 2051 referida a la participación limitada de empresas y personas vinculadas entre sí.

Asimismo, la CESC señala haber observado que, a pesar de encontrarse en mora, según datos de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), algunos oferentes seguían participando de llamados, hubo falta de criterio para la fijación de precios referenciales y, en algunos casos, no corresponde el uso del concepto de Urgencia Impostergable ni el código COVID-19 por no ajustarse a la esencia de ambos.

Giuzzio finaliza apuntando que se advirtieron dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas de la DNCP.

La mencionada CESC fue creada por Abdo “con el objeto de brindar apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, pasando por alto, al menos, a seis instituciones que supuestamente velan por el interés público. Integran la CESC el mencionado Giuzzio, al igual que el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Rene Fernández; el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Carlos Pereira; y la Secretaria Adjunta de la Senad, Zully Rolón.