ADN Digital
En un Estado de Derecho cualquiera, de izquierda, derecha o centro, hay algunas cuestiones tan básicas que ni siquiera son sometidas a discusión o debate. La presunción de inocencia (todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo culpable) y el derecho al debido proceso forman parte de estas cuestiones.
Hasta en Paraguay, donde la ley a menudo sufre de la indiferencia de los poderosos, hay algún tipo de respeto hacia estas cuestiones. Y ni siquiera suelen ser sobrepasadas aunque los sospechosos sean políticos, colorados y, para colmo, seccionaleros, el sumun de lo peor que puede imaginar cierto sector ciudadano.
No hay el más mínimo indicio de que el senador cartista Óscar González Daher haya tenido algo que ver en el delito del que se le acusa luego de escuchar una grabación en la que su secretario planeaba un negociado usando su nombre. Las grabaciones no son tenidas en cuenta como pruebas irrefutables en un juicio aunque en ellas esté la voz del sospechoso. Pero cuando ni siquiera es él quien habla, esa grabación no existe.
Algunos dirán que el intento de la disidencia y el efrainismo de echarlo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no era un proceso jurídico sino político. Pero olvidan que eso no da derechos a los juzgadores a violar principios de la legítima defensa con los que debe ser protegido un sospechoso, siempre y en todo lugar. Nadie puede condenar, castigar o despedir a alguien por sospechar que hizo algo mal, sin tener pruebas de ello.
Esto es lo que intentó argüir la bancada del Frente Guasu cuando pidió que, antes de echar a González Daher del JEM, se conformara una comisión investigadora sobre el tema. La maquinaria del grupete de disidentes y sectores de la oposición se negó a ello, mostrando una soberbia y prepotencia inexplicables para políticos que están en plena campaña electoral, esperando conseguir votos para seguir mamando de las tetas del Estado.
Ese hubiera sido el procedimiento correcto. Si hay sospechas de que un legislador es corrupto, lo mínimo que pueden hacer sus colegas –ya que son pares inter pares- es investigar el hecho y, al tener los resultados, decidir qué hacer con el sujeto. Pero armar una jugarreta para sacarle de un cargo, a las pocas horas de conocido el caso, lo que demuestra no es un excesivo amor a la transparencia y la honestidad, sino que más bien tiene un tufillo de venganza. Y si tenemos en cuenta que el disidente Enrique Bacchetta nunca pudo superar que González Daher se quedara con su lugar en el JEM, encontramos la explicación más simple y racional.
Esto tiene aún un contenido mucho más grave. Esta gente, artera y vengativa, pretende seguir al frente del Legislativo y uno, incluso, pretende ser presidente de la República. Si este es el sistema judicial que pretenden aplicar una vez en el poder, eso significará que nadie estará a salvo. No habrá garantías del debido proceso, ni de la presunción de inocencia ni de la legítima defensa. La gente podrá ser condenada por rumores si en algún momento molestó o perjudicó a alguno de ellos. Hay que frenarlos para evitar este terrible retroceso en la vida de los ciudadanos de este país.