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ASUNCIÓN. La Entidad Binacional Itaipú intenta de todas las formas posibles que la Contraloría General de la República realice una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de ambas hidroeléctricas en el lado paraguayo. Por eso recurrió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia presentando una acción de inconstitucionalidad para evitar el trabajo del órgano contralor.
Pidió a la Corte, como medida de urgencia, que deje sin efecto la resolución de la CGR para evitar que sus funcionarios ingresen a la entidad a iniciar la auditoría a los gastos sociales, tal como había recomendado el Senado al contralor Camilo Benítez. La presentación está firmada por los abogados de la entidad, Magnolia Mendoza, Óscar Bogado y Daniel Mendonca.
El documento afirma que “el artículo 283 inciso 4 de la Constitución Nacional deja claro que toda intervención del contralor general de la República respecto de las entidades multinacionales debe efectuarse en el marco de sus respectivos tratados. En el caso concreto de la Itaipú Binacional, constituida por el Tratado de Itaipú, aprobado por ley N° 389/73 de la República del Paraguay, no se contempla la participación del contralor general de la República en la fiscalización y auditoría de sus cuentas. En efecto, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Itaipú y sus anexos correspondientes, la fiscalización contable de la entidad la ejercen las altas partes contratantes a través de sus respectivas empresas asociadas, Eletrobras y Ande, y una auditoría externa ejerce el control contable de todos los aspectos relacionados con su desenvolvimiento económico, financiero y patrimonial”.
“Tanto el Tratado constitutivo como los Anexos especialmente el A que da el manejo de la Entidad Binacional Itaipú no establece la fiscalización por parte de autoridades fiscalizadoras nacionales de ambos países, sino que rige por estar dentro del concepto del Derecho Internacional por auditorías externas”, añaden los abogados.
Antes de esta presentación, el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, había recurrido a la Sala Constitucional de la Corte para consultar sobre la constitucionalidad de una medida de urgencia que había presentado el contralor ante la negativa de Itaipú de permitir la auditoría. Por lo tanto, son los dos planteamientos los que deberán resolver los ministros de esta sala.
