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Terminó el año con los tres ministros acusados por la Cámara de Diputados por varios delitos, entre ellos mal desempeño en sus funciones y prevaricato, ocupando aún sus lugares en la Corte Suprema de Justicia como si fueran impolutos. Todo porque la mayoría circunstancial de la disidencia y la izquierda en el Senado han decidido boicotear el proceso.
En el 2014, un pacto entre la ANR y el PLRA decidió impulsar la renovación de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual se estableció el juicio político a 3 ministros (primero eran 4, pero Víctor Núñez renunció), más que nada porque las denuncias en su contra hacían insostenible la posibilidad de que siguieran integrando el tribunal.
Antes de fin de año, la Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio en contra de los liberales Sindulfo Blanco y Óscar Bajac, y el colorado César Garay, contra quienes presentaron pruebas contundentes. Desde ese momento, el expediente pasó al Senado, que es la cámara que debe convertirse en tribunal para juzgar y dictar sentencia a los acusados, y a partir de allí se montó un circo tan grande, que hasta ahora el enjuiciamiento está trabado y todo parece indicar que terminará en el oparei.
Lo que ocurre es que para iniciar el juzgamiento basta con el quórum legal (23 votos), pero a la hora de dictar sentencia, si se pretende condenar a los acusados, el número aumenta a 30 votos, que es la mayoría absoluta de dos tercios. Si no se logra esta cantidad, el acusado terminará siendo declarado inocente, no por serlo sino por falta de votos, lo que convertiría todo el proceso en un show ridículo.
Luego de que pasara todo el 2015 entre tira y afloje, este año parecía haberse logrado una suerte de acuerdo entre el oficialismo y la disidencia colorada, que exigía que cada uno de los ministros fuera juzgado por separado. Aunque esto hubiera hecho el proceso interminable, se aceptó y así se decidió que el primero en ser juzgado sería Blanco.
Pero todo fue mentira. La disidencia, en alianza con la izquierda, siguió boicoteando el proceso y es así que termina el año sin que se haya podido hacer nada. La única sesión del proceso que tuvo quórum fue esa en la que los fiscales designados por la Cámara de Diputados presentaron y justificaron el libelo acusatorio, arrimando las pruebas de los delitos de los cuales se acusa al ministro Blanco, quien sigue apoltronado en su sillón de la Corte, al igual que Bajac y Garay, como si fueran blancas palomas.
