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Hace casi un año y medio, allá por noviembre del 2014, en ámbitos del Congreso se anunciaba con bombos y platillos la renovación de la Corte Suprema de Justicia; un paso imprescindible para dar inicio a la reforma del Poder Judicial, de fundamental importancia para fortalecer el Estado de Derecho y empujar al país por la senda del desarrollo. Las discusiones eran si se cambiaba a seis o a cuatro de los ministros, hasta que a comienzos del 2015, cuando disidentes del oficialismo formaron la bancada conocida como G-15 y comenzaron a poner palos a la rueda de la carreta. A ellos se sumaron luego los legisladores de la “multibancada”, compuesta por el Frente Guasu, el PDP y Avanza País, por lo que el tema se fue archivado a lo largo de dicho periodo legislativo. Ahora lo desempolvaron, pero con el correr de los días resulta cada vez más claro que, con diversas justificaciones de índole político y metodológico, un grupo de 18 senadores hará valer sus votos a fin de que la renovación del máximo tribunal se postergue para las calendas griegas, burlándose una vez más de la ciudadanía que clama por una administración de Justicia medianamente aceptable.
Entre los integrantes del otrora G-15, reducido a media docena, algunos dicen ser nuevamente partidarios del juicio político, pero exigen que se trate “caso por caso” y una vez que se apruebe la destitución de un ministro, se proceda a cubrir la vacancia para recién después iniciar el enjuiciamiento del siguiente. Una patraña digna de quienes se asignan el derecho de insultar la inteligencia de todo el mundo, pues no se precisa de un alto coeficiente de inteligencia para saber que dicho mecanismo implicará prolongar por mucho tiempo la permanencia de tres comprobados bandoleros, como Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, en los más altos estrados judiciales.
Los legisladores que se autodenominan de “izquierda”, léase luguistas y afines, optaron por seguir otro camino, pero para llegar al mismo puerto que los anteriores. Con un supuesto discurso “radical”, adelantaron que no asistirán a las sesiones en las que se trate el juicio a los citados magistrados, “porque no hay que cambiar solo a tres sino a todos”. Y dado que esta posición es ultra minoritaria, “contribuirán” con su ausencia para que los mismos permanezcan en sus cargos.
Y de los liberales que se pude decir. Cualquier observador estará acostumbrado a que en dicha bancada haya “para todos los gustos”.
Ahora solo resta saber cuál es el calendario para que se ponga en marcha el juicio y con quién de los acusados se daría inicio, facultad que la mesa directiva del Senado le asignó al presidente, Mario Abdo Benítez. Pero tal como están las cosas, todo hace suponer que por un periodo que no será breve, Blanco, Bajac y Garay Zuccolillo seguirán haciendo de las suyas, lo cual constituye una tremenda patada para la seguridad jurídica que debemos gozar los paraguayos, actualmente en manos de facinerosos, así como a la imagen internacional que debemos proyectar en esta materia para avanzar en la captación de inversores.
En consecuencia, lo que tanto se celebraba a finales del 2014, en cuanto a la renovación de la Corte, seguirá siendo materia pendiente merced a la actitud antipatriótica, oportunista y cómplice de un puñado de senadores, que por aquel entonces querían recuperar algo de credibilidad, tras los reiterados “escraches” de los que estaban siendo objeto.