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El problema de utilizar leyes extranjeras es no saber diferenciar entre la legislación comparada y adquirir “enlatados” que poco o nada tienen que ver con nuestra experiencia y nuestra realidad. En el primer caso, se analizan las disposiciones que contemplan otros países sobre un tema determinado y se las adecua a la situación nacional; pero en el segundo caso se hace un mero “copy/paste” de la legislación extranjera y se pretende aplicarla directamente en el ámbito legal, sin analizar si tienen o no que ver con las experiencias locales y la forma de funcionamiento de los órganos encargados de aplicarlas.
Esto es exactamente lo que está ocurriendo con el paquete de 12 proyectos antilavado enviado por el Ejecutivo al Congreso y que tiene como objetivo oficial el combate al crimen organizado. Sin embargo, su objetivo real es evitar que Paraguay ingrese en la lista gris de organismos internacionales por no contar con un esquema legal adecuado para una lucha eficaz contra la delincuencia.
Era tanta la urgencia del Ejecutivo para evitar este castigo, que en lugar de convocar a juristas y expertos nacionales para redactar las leyes, adecuadas a nuestra realidad, lo que hizo fue copiar directamente las que están vigentes en otros países, en donde la Justicia funciona y el poder político no tiene injerencia en ninguna decisión de los órganos jurisdiccionales. Esto lo advirtió el senador Sergio Godoy y lo ratificó su colega Enrique Bacchetta. Ambos advirtieron el grave peligro que podría crearse para la ciudadanía, de aprobarse estos proyectos sin que haya una revisión profunda y una correcta adecuación a lo que vivimos en Paraguay.
Aunque habría voluntad en las bancadas de ambas cámaras para eliminar conceptos tan peligrosos como la prejudicialidad, lo cierto es que no parece ser el único elemento que debe ser eliminado de lo que finalmente resulte sancionado por el Legislativo. Bacchetta había señalado que aprobar este paquete tal como está, podría generar un caos en el ordenamiento jurídico nacional, debido a la debilidad institucional que nos caracteriza.
Godoy fue incluso más allá y dijo que algunos de los proyectos que se encuentran en estudio contienen disposiciones contra la evasión y el lavado de activos, que generaría persecución y criminalización de la política, y cuestionó que se hayan aplicado directamente leyes de países en donde su aplicación es sencilla porque las agencias de control y el Poder Judicial funcionan a la perfección y no existe injerencia de ninguna clase.
“No me voy a perdonar que la gente esté injustamente presa”, dijo Godoy, dando una visión real y bastante cruel de lo que podría ser nuestra realidad en el caso de sancionarse el paquete sin que sufra una profunda modificación.
Persecuciones, que un evasor de impuestos termine imputado por lavado de dinero y la injerencia que podría tener un organismo internacional en nuestro funcionamiento tributario, son peligros gravísimos que deben ser solucionados antes de que alguna de las leyes pudiera quedar sancionada. Es entendible que el gobierno quiera evitar la lista gris, pero no es menos cierto que el interés de la ciudadanía debe primar sobre cualquier tipo de “motivación” que puedan tener nuestros gobernantes.